El acuerdo de la Junta y el Ayuntamiento libera el PGOU para su aprobación final

Fumata blanca al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital escenificaron ayer en Sevilla un acercamiento, al parecer definitivo, que permitirá avanzar en la tramitación del planeamiento cara a su aprobación definitiva. Los máximos responsables de la Consejería de Obras Públicas, Rosa Aguilar, y del Consistorio, Francisco de la Torre, sellaron el acuerdo que permitirá, en un primer paso, su ratificación provisional en un Pleno extraordinario a finales de la semana que viene, y de otro, sacar el documento del escenario de fricción en el que se mueve desde hace casi cinco años, cuando se dieron los primeros pasos para su revisión.

La alianza entre ambos organismos, que en los últimos años han sido antagonistas en esta materia, tiene lugar, paradójicamente, una semana después de que la viceconsejera de Obras Públicas y Vivienda, Felicidad Montero, levantase una reunión con representantes del Consistorio malagueño después de que fuese publicado en un medio de comunicación la propuesta que ese mismo día se iba a analizar en el encuentro técnico. El rifirrafe dialéctico que dio lugar ese episodio ha traído, a pesar de lo que llegó a afirmar el regidor popular, varios nuevos encuentros técnicos que han permitido limar definitivamente las últimas asperezas.

Casi un año ha transcurrido desde el día en que la Comisión de Ordenación Territorial y Urbanismo de Andalucía (COTUA) diese al traste con el documento diseñado por el equipo de gobierno del PP y presentado para su aprobación definitiva. Aquel planeamiento dista sustancialmente del que ahora merece el consenso de las dos partes, puesto que, entre otros aspectos, elimina la construcción de medio millar de viviendas al norte de la ronda este; la ocupación de los suelos de Arraijanal, con usos residenciales, hotelero y comercial, así como ciertos usos hoteleros en la sierra de Churriana, entre otros.

Según comunicaron ayer Junta y Ayuntamiento, a través de un comunicado consensuado, Aguilar y De la Torre alcanzaron una alianza sobre la totalidad del planeamiento que, "según lo pactado, debe conducir a la aprobación definitiva del documento". Algo que podría materializarse antes de final de año. Ambos dirigentes se comprometieron a "establecer una colaboración para mejorar la viabilidad técnica y económica del PGOU".

Uno de los aspectos más destacados es que las dos administraciones dan por resueltas las diferencias existentes en relación con Arraijanal, asunto que en los últimos meses se había convertido en la llave que debía permitir abrir la puerta de la aprobación definitiva al Plan General. De hecho, los responsables autonómicos habían condicionado la tramitación final del documento a que el mismo incluyese la fórmula adecuada para obtener sin coste alguno para las arcas regionales esta parcela, sobre la que se proyecta un parque metropolitana. Tras meses de confrontación, el Ayuntamiento ha acabado por asumir el planteamiento, así como la reserva de suelo para implantar el megahospital en la zona de los Asperones, y por incorporar en la bolsa de aprovechamiento del plan las compensaciones necesarias para los propietarios del terreno.

Pero más allá de esta traba, la reunión de ayer en la capital hispalense sirvió para sortear el último obstáculo que se había situado en el camino de la ordenación de la Málaga de los próximos diez años: cómo obtener los sistemas generales del Guadalhorce y el encauzamiento del río Campanillas, dibujados ambos en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum).

Precisamente, los últimos encuentros celebrados a lo largo de esta semana han posibilitado una salida airosa en este asunto. El acuerdo final, apuntaron, pasa por el compromiso de la Junta y el Ayuntamiento a establecer en el Estudio Económico Financiero del PGOU "que las superficies correspondientes a la ampliación del Parque Fluvial del Guadalhorce y parte de los terrenos del encauzamiento del Campanillas se obtendrán por expropiación del Ayuntamiento, como organismo competente, afrontando su pago al 50% ambas administraciones".

A la aceptación por parte del Ayuntamiento de parte de las exigencias de la Junta se suma una mayor flexibilidad de la Administración autonómica sobre la prohibición que pesaba sobre dos de los sectores de las márgenes del río Campanillas, sobre los que, todo indica, se podrá construir; se liberan una parcela de uso productivo en el lado izquierdo del Guadalhorce, y se incrementa la densidad en las áreas de oportunidad residencial de Puerto de la Torre y Campanillas.