El nuevo acuerdo de la Térmica 'esconde' una merma de 50 millones de euros

El perjuicio económico que sufre el Ayuntamiento de Málaga con el nuevo convenio de la Térmica va en aumento. Los últimos números conocidos tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la adenda a este acuerdo permiten situar en más de 50 millones la rémora que sufren los intereses municipales tras eximir a la empresa Nueva Marina Real Estate de pagar los 58 millones pactados en el acuerdo original de 2008. A cambio de ello, el equipo de gobierno acepta recibir aprovechamientos urbanísticos para construir en esta zona del litoral de poniente unas 600 viviendas, algo más de la mitad de renta libre.

¿Por qué ese desfase? Según la información oficial, a la que tuvo acceso Málaga hoy, el Ayuntamiento tendría que haber recibido de manos de la filial de Endesa un primer pago de 40,6 millones tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), lo que tuvo lugar en agosto de 2011, y los restantes 17,4 millones 30 días después de la aprobación del plan especial del sector.

Sin embargo, antes del acuerdo alcanzado ahora por las dos partes, Nueva Marina Real Estate se opuso a abonar el dinero, lo que motivó que el Consistorio iniciase un procedimiento para cobrar el primero de los pagos por vía de apremio en agosto de 2012. Apenas tres meses después, dio un paso más y emitió una diligencia de embargo sobre seis fincas de la deudora por un valor de 60,9 millones, resultado de la suma de los 40,6 millones impagados, del recargo de apremio, de 8,1 millones, y de los intereses de demora, cifrados en 12.180.000 euros. Sin embargo, estos 20 millones no han sido exigidos en el procedimiento.

Conforme a estos datos, incorporando a la ecuación los 17,4 millones del segundo pago, el Ayuntamiento llegó a reconocer una deuda por parte de la promotora de 79 millones. Una cifra muy alejada del valor que a día de hoy tienen los aprovechamientos que recibirá el Consistorio. El mismo, según las tasaciones de los técnicos municipales, queda reducido a 27.090.600 euros.

A pesar de esta confirmación, el informe del interventor elude cualquier crítica al procedimiento seguido. Incluso, defiende el modus operandi dado el complejo escenario en el que se encontraba el asunto, inmerso en varios procedimientos judiciales y con una empresa que se encuentra en concurso de acreedores.

El funcionario municipal indica que debido a la "incertidumbre" del proceso, el acuerdo "es una posibilidad para asegurar parte de los intereses generales sustentados por el Ayuntamiento y que en la actualidad están pendientes e inmersos en unos procedimientos judiciales, con resultado incierto y sin fecha aparente de finalización". Al tiempo, reconoce que el valor del aprovechamiento que se recibe es "inferior al previsto en el convenio de 2008, pero que a medio y largo plazo pudiera retornar a valores más apropiados a la situación fáctica y estratégica de los terrenos". Otro elemento a considerar es que acepta que el citado acuerdo lleve aparejada la condición de desistir de los procesos litigiosos en trámite y de "anular la liquidación girada, con su recargo de apremio e intereses de demora".

Esta línea argumental coincide plenamente con la del equipo de gobierno del PP. De hecho, en el Pleno municipal celebrado ayer en la Casona del Parque la cuestión sobre la adenda al convenio de la Térmica fue objeto de debate. Ante las críticas de los grupos de la oposición, el alcalde, Francisco de la Torre, fue escueto en sus explicaciones. "No estamos perdonando nada; se está recuperando en patrimonio de la ciudad y de los malagueños".

Algo más prolijo fue el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, quien defendió que la ciudad reciba patrimonio de suelo, que habrá de esperar a materializar varios años, en lugar de dinero. "Hemos tenido que aceptar esto en un contexto complicado", comentó, al tiempo que vinculó lo ocurrido con el retraso de la Junta en dar luz verde al PGOU. "Como era Málaga se lo pusieron más difícil", denunció. "En política hay que ser valiente, quiero algo que sí interesa a mis ciudadanos, que es el patrimonio", añadió.

Frente a estas observaciones, el concejal no adscrito Carlos Hernández Pezzi mostró sus dudas sobre la legalidad de la adenda al convenio que ayer vio luz verde y habló de la existencia de "quebranto patrimonial". Por ello, pidió incluso la posibilidad de iniciar un contencioso administrativo ante la pérdida de dinero que sufre la ciudad. Por su parte, el concejal del PSOE Sergio Brenes acusó a De la Torre de "perdonar 130 millones de euros" tanto a Nueva Marina Real Estate como a NovaGalicia Banco, a la que también permitió no pagar 70 millones del convenio de Repsol a cambio de suelo.