El alcalde se siente "indefenso" ante el fallo del Supremo en el caso Garabato

La estela del caso Garabato sigue viva. El día después de conocerse que el Tribunal Supremo anulaba la condena que pesaba sobre Marisa Bustinduy y Enrique Salvo, ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, por intromisión ilegítima en el honor del alcalde, Francisco de la Torre, éste anunció su "voluntad" de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional y confesó sentirse "indefenso" tras conocer la última decisión judicial.

La reacción del regidor del PP, que adelantó sobre 02:00 de la madrugada por medio de la red social de internet Twitter, tuvo lugar después de que el Alto Tribunal haya dejado sin efecto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga y el pronunciamiento de la sección quinta de la Audiencia Provincial en la que se condenaba a ambos representantes socialistas por vulnerar el derecho al honor de De la Torre al haberle acusado en octubre de 2006 de beneficiar una parcela de la que era copropietaria su madre en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad.

Los argumentos del Supremo en su fallo, en el que da prevalencia a los derechos a la libertad de información y de expresión frente al derecho del honor, no satisfacen a De la Torre. "No quedo satisfecho porque hay un atropello del derecho al honor con unas informaciones absolutamente falsas", sentenció. "Me siento indefenso porque no se puede plantear que cualquier información está por encima del derecho al honor, sino que estarán por encima las informaciones verídicas o si hay un error de buena fe", dijo.

Las palabras pronunciadas ayer contrastan con las que emitió en junio de 2007, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga sentenció que los ex concejales habían dañado su honor. En ese momento, declaró: "Una sentencia como ésta da confianza en la Justicia".

El motivo que hizo tensar al máximo las relaciones entre el equipo de gobierno del PP y la oposición en el anterior mandato fue la denuncia que los responsables socialistas hicieron al asegurar que la revisión del PGOU aportaba al suelo de la madre del regidor unos aprovechamientos urbanísticos que se podían traducir en unas 150 viviendas (equivalentes a beneficios de 60 millones), cifra que posteriormente se vio seriamente reducida a 3,5 viviendas, según los datos aportados por los técnicos municipales. Uno de ellos, Carlos Lanzat, corroboraba ayer esta tesis y apuntaba que con independencia a que el suelo objeto de la polémica fuese no urbanizable o urbanizable, "su valor era el mismo". Incluso, apuntó que al tratarse de un terreno a obtener por la ciudad, la operación hubiese costado más al Ayuntamiento vía expropiación que mediante compensación en el área de reparto.

En este contexto, De la Torre consideró que el derecho a la información "tiene que tener el límite del derecho al honor cuando se esté diciendo algo que no es verdad" y apostilló que, conforme a la información que tenían los entonces ediles, sabían que esa parcela "tenía el mismo trato que el resto". "Es importante que los políticos no estemos indefensos ante una agresión como la de este caso, construida sobre la mentira", añadió.

Frente a lo expuesto por el Tribunal Supremo, el alcalde recordó que el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga "había profundizado en lo que había pasado, en los testimonios de los expertos, que llegaban a la conclusión de que no había habido ningún trato de favor desde el Ayuntamiento a aquella parcela".

Cuatro años después de que estallara la mayor polémica municipal de su mandato como alcalde, De la Torre sigue sin hacer autocrítica respecto a su participación en el Pleno en el que fue aprobado de forma inicial la revisión del PGOU, a pesar de que dicho acuerdo afectaba a una parcela de su familia. "No tiene ninguna trascendencia", aseveró, al tiempo que recordó que fue el secretario general del Consistorio el que "dijo que no había que abstenerse porque en un PGOU son miles de determinaciones, no es una modificación que afecte a un suelo determinado y, además, no había ninguna situación de privilegio ni de ventaja".

De otro lado, la alcaldable del PSOE a las elecciones municipales y delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, mostró su satisfacción porque la decisión del Supremo "ha dado la razón a compañeros del partido y ha puesto las cosas en su sitio, aunque cuatro años más tarde". "Significa que la actuación de los compañeros fue correcta", valoró. Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia, Miguel Ángel Heredia, consideró que la decisión supone un "varapalo" al alcalde.