Alhaurín de la Torre es la segunda cárcel de España donde más móviles se incautaron desde 2020

La cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga I) es la segunda prisión de España donde más teléfonos móviles se han incautado desde 2020 después de la de Valdemoro-Madrid III. En cada uno de estos centros penitenciarios y en el de Almería –que se coloca en el tercer puesto en el ranking nacional– se intervinieron en ese periodo cerca de 700 terminales. Así lo denunció este martes el sindicato Acaip-UGT que apuntó que la cifra refleja “una preocupante estabilidad en su presencia dentro de las cárceles”.

Según los datos de esta organización sobre móviles intervenidos, sólo en 2024 los números fueron los siguientes: Almería 195, Estremera-Madrid VII 180 y Málaga 161. Aunque el objetivo de la Administración penitenciaria es erradicar esta práctica, la realidad no parece indicar que se estén consiguiendo los objetivos. Al contrario. En el caso de la provincia malagueña, entre 2019, 2020 y 2021 fueron incautados 214. Frente a esta cifra que es la suma de tres años, sólo en 2024 Acaip-UGT contabiliza los citados 161.

Existen dispositivos que tienen el tamaño de un mechero y aunque en la calle cuestan unos 20 euros, dentro de la cárcel pueden llegar a pagarse a 300. Hay diversas formas de meterlos en el recinto penitenciario. A veces, una mujer se los introduce en su vagina y se lo entrega a un recluso en una comunicación íntima (vis a vis).

La escasa cantidad de metal que tienen los teléfonos en miniatura los hace pasar desapercibidos para los sensores que hay en los arcos de seguridad de la entrada a las cárceles.

Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas.

Así, algunos internos pueden seguir dirigiendo desde dentro de la prisión su actividad delictiva; sean extorsiones, intimidaciones o tráfico de drogas. Poseer estos terminales no tiene consecuencias penales, salvo la de sancionarlos con la privación de paseos, una laxitud que critican las asociaciones de funcionarios.

Tras dar a conocer los datos en una nota de prensa, Acaip-UGT ha apuntado: “Queremos poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando”.

“Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros”, ha recordado, apuntando a los drones como las herramientas emergentes para salvar los controles de seguridad.

Por este motivo, Acaip-UGT ha reclamado que con urgencia se doten las cárceles de tecnología moderna de seguridad, mencionando que los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. “Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas”, ha concluido, según recoge la agencia Europa Press.