La 'amenaza' del delegado de Salud en Málaga ante las agresiones a sanitarios : "Ya no os vais de rositas"

"A todos aquellos que quieren descargar su ira, su odio y su mala baba les pediría que se lo piensen por un motivo muy sencillo: las condenas son fuertes", asegura Carlos Bautista

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Carlos Bautista. / M. H.

Los vídeos publicados en redes sociales por el delegado de Salud, Carlos Bautista, son ya un clásico. Ha pasado de protagonizar el llamado "reto de la galleta", para medirse los niveles de estrés en plena crisis del coronavirus, a calificar de "milonga" el pasado mes de enero la obligatoriedad del uso de las mascarillas, que atribuía a una "polémica política". Ahora, se ha descolgado con otro contundente mensaje dirigido, cual amenaza, a los agresores de los sanitarios, a los que ha advertido que "ya no se van de rositas". Es decir, que ninguno se librará de pagar o de recibir el castigo que merece por su comportamiento. "A todos aquellos que quieren descargar su ira, su odio y su mala baba les pediría que se lo piensen por un motivo muy sencillo: las condenas son fuertes", asegura en la advertencia, que hace extensiva también a otros "servidores públicos", caso de policías, bomberos o maestros.

En una publicación que ha compartido coincidiendo con el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, Bautista se cuestiona "qué ganan" los autores sobrepasando estas líneas rojas. Y a renglón seguido, confiesa que nadie "puede imaginar" lo "difícil" que a los médicos les resulta "trabajar con pacientes que les dicen lo que tienen que recetarle, a dónde tienen que mandarles o cómo deben hacer el tratamiento". "Así no se puede trabajar", apostilla el delegado de Salud.

En la grabación realizada, a modo de selfie desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, Carlos Bautista recuerda que los sanitarios saben "muy bien" cuál es su papel. "Lo hacemos muy bien cuando nos respetan, cuando nos dicen buenos días". Y a continuación apela a la educación. Aboga, de esta forma, a que los pacientes "aprendan a respetar". "Nos encanta trabajar con personas que nos respetan, que nos quieren o, simplemente, que tienen un buen talante", sostiene.

El delegado también admite que las agresiones a estos profesionales han aumentado, aunque matiza que "es verdad que ahora se denuncia mucho más que antes". Las estadísticas lo corroboran. Málaga se sitúa como la provincia andaluza que registra la mayor cifra de agresiones a médicos: 39 fueron amenazados, insultados o golpeados durante el año 2023.

El ámbito de la atención primaria, que supone el 49% de los casos, concentra la mayoría de los actos violentos, seguido de Urgencias en Atención Primaria (18,6%), Urgencias en Hospitales (17%) y en el ámbito hospitalario (9,3%). Sobre el tipo de ejercicio en el que se produce el 90% en el público frente al 10% en el privado.

Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 89,9% de los casos fueron amenazas y coacciones, seguido del 47% con insultos y vejaciones, mientas que el 24% fueron lesiones. Estos comportamientos tuvieron consecuencias físicas en el 17% de los casos y psíquicas el 86,8%. De todas las agresiones recibidas y comunicadas acabaron en baja laboral el 22,4% de las mismas.

Málaga, provincia española con más denuncias

Málaga es también la provincia española donde la Policía Nacional recibe más denuncias por agresiones en el ámbito sanitario; sea en centros asistenciales o en atenciones que los profesionales realizan en los domicilios. Con este balance del año 2023, Málaga –con 44 demandas– se sitúa como la primera del país, seguida de Alicante con 33 y Madrid con 24.

Y, paralelamente, han crecido los castigos penales. Hace unos meses, una mujer fue condenada a ocho meses de prisión por agredir con saña a una médica de urgencias en Málaga a la que lanzó un teclado, la agarró del pelo y la zarandeó de forma violenta, según informó entonces el Colegio de Médicos malagueño, que da cuenta de un segundo ataque a un facultativo.

El juez le impuso una orden de alejamiento de 500 metros y el pago de una indemnización pendiente de concretar una vez se conociera el informe forense, mientras que su ingreso en prisión estaba supeditado a que abonara el importe que se determine. Si no lo hacía tendría que ingresar en la cárcel.

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