Los animales, víctimas silenciosas

El más reciente y conocido ha sido el caso de 22 caballos y cuatro perros que se encontraban desnutridos, enfermos y en estado de abandono en una finca de Vélez-Málaga. Desgraciadamente no es un caso aislado. Hay muchos más de los que los medios de comunicación se hacen eco y es raro el día que no llega algún aviso a las asociaciones protectoras de animales alertando de alguno de ellos. Tantos que estos colectivos se muestran desbordados a la hora de atender a los ejemplares maltratados y tramitar la denuncia para tratar de que sus responsables paguen por ello.

La crisis económica se ha convertido en una excusa para dejar morir, sobre todo a caballos por no poder garantizar su mantenimiento, criticó Virginia Solera, una de las impulsoras de la asociación CYD Santa María que gestiona el único centro especializado en toda Andalucía capaz de acoger a este tipo de animales. Pero también están los casos de toda la vida, del maltrato porque sí al que son sometidos todo tipo de animales, la mayoría perros, según cuenta la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, Carmen Manzano.

Ni las campañas de concienciación ni el endurecimiento de las penas parecen suficientes para poner freno a la lacra del maltrato animal que sigue sobrecogiendo por la crueldad con la que son tratados por su condición de más débiles. Lo positivo es que la ciudadanía está perdiendo el miedo a denunciar. Lo avala el delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga, Fernando Benítez Pérez-Fajardo, que aseguró que se ha notado en los últimos dos años un aumento de las denuncias de casos de maltrato animal porque "los ciudadanos se han hecho más conscientes del problema".

Las denuncias que normalmente llegan a la Fiscalía malagueña relacionadas con estos casos tienen casi siempre como protagonistas a perros y caballos y "normalmente son por omisión y falta de cuidado".

Sin embargo, no son muchos los procedimientos incoados hasta la fecha en los juzgados de instrucción. El año pasado, en concreto, fueron apenas once, si bien es cierto que empiezan a ser habituales las condenas por estos casos.

Una de las más recientes fue la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, el mismo que juzgará en noviembre de este año a la presidenta de la asociación protectora Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, a la que se le acusa del presunto sacrificio masivo de más de 2.000 animales en apenas dos años. Ese juzgado condenó a 10 meses de prisión, a petición de la Fiscalía, al dueño de un perro que apareció abandonado y en un estado lamentable en un carril, donde fue recogido por una persona que lo llevó a la consulta veterinaria y lo salvó.

Para el fiscal, esta sentencia es "importante, ya que se condena por omisión de los deberes de cuidado sobre el animal, de los que el condenado, de cuya salud y bienestar, al ser dueño del animal, se constituye en garante".

Pero el cambio de conciencia no es un trabajo fácil en una sociedad donde tradicionalmente los animales no han gozado de protección. De hecho, el delito de maltrato animal se introdujo en el Código Penal español en 2003. Hasta ese momento tan solo existía la falta de abandono de animal doméstico en condiciones de peligro para su vida o salud y el maltrato cruel a animal doméstico u otros en espectáculos no autorizados legalmente, regulación insuficiente que para los juristas ofrecía no pocas dudas interpretativas. La dificultad que entrañaba la aplicación de esta primera regulación del maltrato se debía al hecho de que se exigía que se produjera con ensañamiento, lo que en la práctica implicaba que el castigo de tales conductas ante la falta de prueba de este requisito quedara como falta y no como delito.

Este requisito desapareció con la reforma de 2010, pero fue con la de 2015 cuando se amplía el objeto de protección penal, que antes se limitaba a los animales domésticos o amansados y ahora se extiende también a un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Además, la nueva regulación prevé la imposición de pena de 6 a 18 meses de prisión "si se hubiera causado la muerte del animal", frente a los 3 meses y 1 día a 1 año prevista para el tipo básico. Cualquier otro tipo de maltrato, es decir, sin el resultado de muerte o lesiones graves, es considerado como delito leve. También el abandono de un animal en condiciones de peligro para su vida o integridad deja de ser falta para ser considerado como delito.

Según Benítez, "la reforma se antojaba imprescindible, pues era un sentir generalizado de la sociedad la insuficiente regulación del delito de maltrato animal", si bien considera que "las penas siguen siendo notablemente bajas y dejan fuera de su ámbito de previsión algunas conductas que por su especial gravedad merecen un mayor reproche penal".

En otros países europeos, sin embargo, llevan mucha ventaja con respecto a España en este aspecto. En Inglaterra, por ejemplo, el maltrato animal está penado desde el siglo XIX, en Suiza desde 1978 y en Alemania se castiga con pena de hasta tres años de prisión la muerte de un animal vertebrado.

Las asociaciones protectoras de animales culpan en buena parte de esta situación a las administraciones tanto por entender que no cumplen con sus competencias en la materia como por "ponernos al límite y no ayudarnos en absoluto a hacer su trabajo". Así de tajante se mostró la representante de la asociación CYD Santa María, que con más de 60 caballos y otros animales acogidos en sus instalaciones, asegura que la "desidia" de las administraciones ha favorecido el hecho de que "los ciudadanos piensen que pueden hacer lo que les de la gana con los animales sin consecuencias".

Lamentó que al final sean los animales lo que pagan esta situación al "estar muriendo de las formas más cruentas". Prueba de ello es que cada día llegan varias denuncias de maltrato a este colectivo y en apenas dos semanas han tenido que asistir tres sacrificios humanitarios de caballos que estaban en una situación de abandono irreversible. El caso más llamativo el de una potrilla que tenía una herida mortal en una de las patas y a la que el dueño pretendía dejar agonizar para ahorrarse los gastos del sacrificio. El aviso de un vecino a esta asociación hizo que ese animal pudiera morir dignamente.

Ahora el responsable está denunciado, pero para Solera lo dramático de la situación es que "se está llegando a un punto en el que los animales no importan" y las administraciones están forzando tanto la maquinaria de las asociaciones que "nos estamos viendo obligados a decir no cuando nos llaman para recoger animales porque la batalla por sobrevivir y sacarlos adelante es durísima cada mes".

Lo mismo opina la presidenta de la Protectora de Málaga que criticó que "les estamos sacanado las castañas del fuego porque es su competencia y encima les sale muy barato". Sólo el mes pasado este colectivo recibió 45 animales en mal estado por falta de cuidado en general o heridas mal curadas. Muchos de estos casos los achacó a los cazadores de los que dijo que "ahora optan por quitarles el microchip a los perros y abandonarlos a su suerte cuando ya no les valen". Aunque también recogieron a varios gatos a los que les habían roto la mandíbula y sacado un ojo por ocio.

El problema, sentenció, es que "los animales no pueden hablar en los tribunales y tenemos que darlo todo muy probado para que la denuncia vaya a alguna parte".

Abogados apoyan su protección

El Colegio de Abogados de Málaga creó hace unos meses la sección de Derecho y Bienestar Animal, con la que colabora en la defensa de los animales y crea un espacio de encuentro para intercambiar experiencias. De este modo, la Corporación malagueña se convirtió en la primera de Andalucía en poner en marcha un grupo de trabajo específico para esta materia y de las primeras de España, tras las iniciativas implantadas por los Colegios de Abogados de Barcelona, Tarragona y Madrid. Los objetivos de la sección son garantizar la existencia y el cumplimiento de leyes que eviten abusos y violencia contra los animales, promover la equiparación legislativa autonómica y estatal con la de otros países de la Unión Europea, organizar actividades formativas para divulgar los avances normativos y jurisprudenciales en la materia, colaborar con las administraciones y entidades públicas y privadas para presentar propuestas jurídicas de mejore de las normas de protección animal, velar por la protección penal de los animales y promover la formación continua en esta materia. La coordinadora de la nueva sección, Rosario Monter, advirtió durante su presentación que pese a los avances que se han producido en materia jurídica aún queda camino por recorrer en este sentido y afirmó que la formación de los abogados y de los ciudadanos es "fundamental" para obtener éxito, ya que "siempre es mejor prevenir que sancionar".