Una autopista de peaje entre Vélez y Málaga captaría un tráfico similar al de Las Pedrizas

Málaga/El Ayuntamiento de Málaga sigue tratando de armarse de argumentos técnicos para defender la necesidad de que a medio y largo plazo el Gobierno central contemple la construcción, bien con fondos propios o con colaboración privada, de una nueva carretera de alta capacidad, posiblemente de peaje, con un primer tramo entre Vélez-Málaga y la capital de la Costa del Sol (450 millones de euros) y un segundo segundo entre la parte final de la hiperronda y Mijas (314 millones).

El último paso en este camino, iniciado a finales de 2017 por el alcalde, Francisco de la Torre, tiene forma de estudio de tráfico. El documento, elaborado por encargo municipal a la consultora TRN Taryet, pone de manifiesto la necesidad de abordar la ejecución de esta infraestructura ante la situación de congestión que vuelve a presentar el mapa viario del entorno metropolitano de la capital de la Costa del Sol.

Para modular el comportamiento de la demanda captable por el nuevo eje los analistas abordan la situación considerando un escenario en el que los usuarios tendrían que pagar por el uso de la nueva infraestructura. En el caso de la parte oriental de la carretera, el valor del peaje alcanzaría los 3,5 euros para los conductores de turismos que recorran los 28,1 kilómetros, mientras que en el segundo tramo, de 21,23 kilómetros, el precio sería de unos 2,63 euros.

Tomando en consideración la aplicación de peaje, el estudio apunta que en el 2027 esta segunda ronda Este llegaría a captar 14.175 vehículos, muy semejante al que en la actualidad absorbe la autopista de peaje de Las Pedrizas. El movimiento crece a casi 21.000 en el tramo más occidental, cuyo principal aliciente es que permitiría esquivar la A-7 a su paso por Torremolinos, donde se detectan hasta 110.000 coches diarios.

La obligación de hacer frente a un pago por circular por los dos tramos de vía tiene una incidencia clara sobre su captación. La consultora fija un segundo escenario de estudio que supondría que los conductores sólo paguen la mitad del peaje. En ese caso, la intensidad media diaria crecería a casi 19.500 coches en la segunda ronda este y rozaría los 25.500 en el segundo tramo.

A juicio de José Javier Muruzabal, vicepresidente de TRNTaryet, esta alternativa no permitiría financiar por la vía del peaje las actuaciones, pero sí rebajar la carga sobre las arcas públicas e incrementaría el número de usuarios. Además, ha puesto en valor que se trata de una fórmula mixta que ya está siendo objeto de análisis por parte del Ministerio de Fomento.

Las cifras se disparan si se opta por una explotación libre de peaje. En ese supuesto, impensable dada la envergadura de la operación que se está manejando, la nueva autovía en la zona este podría captar unos 38.000 coches diarios, mientras el tramo occidental rozaría los 57.500.

Para De la Torre, los números apuntados por el estudio "justifican" la oportunidad de "actuar y anticiparse a los problemas" que, según los expertos, empiezan a asomar ante el crecimiento de las intensidades de tráfico en el área metropolitana. De hecho, Muruzabal ha advertido de que las situaciones "más críticas" se localizan en la zona este y a partir de Torremolinos.

"Cuando hay una realidad que crece y una posible saturación en las vías hay que anticiparse para evitar estos hechos y crear vías alternativas que descarguen la saturación, tanto si son libres, como si fueran de peaje", ha dicho el regidor, que ha insistido en dar pasos para "resolver la problemática de un área que tiene un gran presente y mejor futuro; nos anticipamos a resolver los problemas que vamos vislumbrando que están ahí detrás". El regidor ha estado acompañado también por el ingeniero José Alba, encargado del primero documento de propuesta de creación de una vía perimetral en la capital.

El alcalde, tras ser cuestionados por los pasos a seguir a partir de este estudio, ha detallado que el estudio sera remitido al Ministerio de Fomento, en la misma línea de lo ocurrido con el informe de 2017, con el objetivo de que "reflexione en la acción pública, si cabe" o "la alternativa de colaboración público-privada". Asimismo, ha aludido a la posibilidad de que alguna empresa se pueda interesar por su ejecución.