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El Ayuntamiento de Málaga indemnizará a Manuel Díaz Guirado, ex gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa) con 22.300 euros netos por despido improcedente tras cesarle de su puesto la pasada primavera un mes después de reconocer irregularidades administrativas relacionadas con la construcción y la contratación del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo.
En un comunicado emitido por el propio Consistorio, se anunció el pasado 27 de mayo la pérdida del cargo de quien hasta ese momento llevaba los aparcamientos municipales, más de un mes después de reconocer anomalías en los procedimientos. Tras su cese tomaría las riendas de los aparcamientos municipales la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, al menos transitoriamente y hasta que integrasen la empresa en la EMT, derivando en una macroempresa pública de movilidad. De esta manera se justificó que el cese y las irregularidades no estaban relacionadas.
Se investigan en hasta tres causas distintas por los juzgados. Una por acoso laboral, otra por las anomalías administrativas que incluyen falsificación de firma y una tercera por una supuesta contratación indebida. Hernández aseguró en Pleno en distintas ocasiones que hasta el momento no había apreciado ningún ilícito penal, sólo faltas administrativas.
Ese día no se notificó por parte de la Smassa formalmente a Díaz Guirado por parte de Smassa, según el documento –al que ha tenido acceso este medio– que se aprobará el lunes 12 en un Consejo de Administración Extraordinario convocado únicamente para aprobar el acuerdo con quien antes de alto directivo en la empresa fuese también concejal de Urbanismo.
Cuatro días más tarde, el 31 de mayo, Díaz Guirado presentó una papeleta de conciliación por el despido, paso previo a interponer una denuncia por despido improcedente a mitad de junio. Un mes más tarde Smassa aprobó que Hernández tuviera el poder de llegar a un acuerdo económico con el ya ex gerente para no pasar por tribunales. Antes de su cese, el ex gerente tenía un sueldo de 81.600 euros brutos al año.
El mismo estaba avalado por un asesor de la propia empresa de aparcamientos en un informe que recomendaba buscar una solución para reducir la cantidad de la indemnización y poniendo como tope a esta 35.000 euros brutos. Si bien también deja la puerta abierta a seguir adelante con el juicio y defender que la reclamación del ex gerente no era procedente.
La propia concejala de movilidad y, por el momento, consejera delegada de Smassa (que está participada en un 49% por dos empresas privadas, Unicaja y Empark, a partes iguales, aunque en proceso de municipalización) aseguró que pretendía dar un nuevo rumbo en la sociedad: "Quiero que sean técnicos quienes gestionen", ha dicho. Por la misma intentó no adjetivizar la gestión de Díaz Guirado, evitando responder sobre su forma de administrarla, dejando claro que hace tiempo había perdido la confianza en quien fuese concejal de Urbanismo.
Fue es el segundo cargo que caía tras las irregularidades en relación a las obras del aparcamiento de Pío Baroja, después de que el jefe de Obras, Alejandro Donaire, dimitiera unas semanas más tarde de que el Ayuntamiento señalase a su departamento en el comunicado que reconocía las deficiencias administrativas.
Hernández, en comisión de Pleno, aseguró que las irregularidades de Smassa "no están relacionadas con la corrupción". Pese a ello, no respaldó la gestión de Díaz Guirado, apuntando que "cada uno deberá defenderse como pueda".
Díaz Guirado, en el juicio que está abierto por la denuncia de la jefa técnica de Smassa por un supuesto acoso laboral, negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.
Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo". Según el propio regidor no habrá tercera oportunidad para él en la estructura municipal: "Es ingeniero, tiene suficiente experiencia y conocimientos para ganarse la vida", dijo días después de cesarle.
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