El Ayuntamiento de Málaga reconoce “la grave tensión del mercado del alquiler y compra de vivienda”

El primer paso para solucionar un problema, dicen, es reconocerlo. "El Ayuntamiento de Málaga reconoce la grave situación de tensión en el mercado del alquiler y la compra de viviendas en la ciudad", recoge el único punto que se ha aprobado este jueves en Pleno durante una moción sobre la crisis habitacional. Primer paso dado.

También se tantea el segundo: "exige al Consistorio [es deicr, a sí mismo] y a la Junta de Andalucía que tome medidas efectivas para revertir esa situación". Queda por saber, nada se especifica, cuáles son esas medidas que den marcha atrás a la diferencia entre oferta y demanda que tira hacia arriba de los precios en el mercado.

La primera solución que tome el Ayuntamiento no va a ser, al menos no de momento, exigir que las viviedas turísticas registradas desde 2011 tengan una entrada y servicio independientes, como pedía el PSOE. Los socialistas entienden que en ese año entró en vigor el PGOU y este pone este requisito a los usos de hospedaje en edificios residenciales.

El equipo de gobierno lo aplica, pero sólo desde el 22 de febrero de este año, cuando entró en vigor el último decreto de la Junta que regula esta figura. Ha defendido Carmen Casero, concejala de Urbanismo, que con el anterior no estaba explícitamente recogido que los pisos turísticos fuesen un uso distinto al residencial. Por eso la instrucción firmada este mes de junio remite al 22 de junio para la aplicación del PGOU. En base a esto han pedido que la Junta dé de baja más de 1.500 pisos de su registro.

En base a esto, el equipo de gobierno ha rechazado la petición socialista y Dani Pérez ha asegurado que llevará a los tribunales la decisión para que sea el contencioso administrativo el que decida si el Ayuntamiento aplica o no el PGOU. "Ahora mismo hay una inactividad, hay que dar una respuesta a la crisis de vivienda y ustedes no la están dando", ha espetado.

También ha pedido que se declare la ciudad como zona tensionada para poder limitar el precio del alquiler. Ha recibido la negativa del equipo de gobierno, aduciendo que esta medida es contraproducente y Casero les ha pedido que exijan al Gobierno que cambie la Ley de Vivienda. También se ha referido a las 16.000 viviendas vacías que hay en la ciudad.

Otro de los melones abiertos a debate ha sido el de cobrar un tributo a los turistas. Dani Pérez ha pedido que la Junta aplique la tasa turística. El alcalde le ha respondido que lo que ellos piden es que el Gobierno permita un impuesto. La diferencia, además de qué administración actúa –el consejero de Turismo, Arturo Bernal, se niega por activa y pasiva a poner una tasa al turismo, aunque los alcaldes de grandes ciudades como Málaga, Cádiz y Córdoba lo piden– es que en caso de que sea la autonomía quien lo aplicase, también sería la que recibiese lo recaudado. Si lo hace el Gobierno, pueden implantarlo los ayuntamientos y recibirlo ellos.