La banca recurre cada vez a más detectives para localizar a morosos

La crisis ha desatado una ola de desconfianza en el mundo financiero desconocida hasta la fecha. Mientras que los ahorradores temen invertir en un fondo de inversión fantasma, las empresas evitan vender a clientes insolventes que desaparecen casi sin dejar rastro. Para muchos bancos, entidades de crédito y cajas de ahorro, la solución apunta en una sola dirección: contratar a detectives privados, que ahora salen a la calle para localizar a morosos y averiguar si una persona posee bienes suficientes con los que hacer frente al pago de una deuda.

Las indagaciones económicas se han convertido en el producto estrella de las agencias de investigación, hasta el punto de que el 81% de los demandantes corresponde al sector financiero, según datos aportados a este periódico por la corporación Detectys, que integran más de 250 profesionales y varios despachos de todo el territorio nacional.

La morosidad, que se eleva ya al 11,2% de los créditos concedidos, se erige en el principal problema de la banca. Así, de cada 100 euros prestados, 11 están en demora (con más de tres meses de impagos). Un dato que se agrava si se atiende a los promotores inmobiliarios, en cuyo caso la tasa de morosidad alcanza un preocupante 30%. En este sentido, las entidades suelen encontrarse con dos complicaciones. Por un lado, localizar al deudor (que a veces huye incluso con otra identidad) para notificarle correctamente el importe total del impago, pero, a veces, el objetivo es también tratar de negociar una refinanciación.

La falta de datos fiables sobre la solvencia de sus clientes es otra de las debilidades de los bancos, que se han visto obligados a invertir ciertas cantidades en investigar a los morosos. "Nuestra labor es detectar casos de gente que puede pagar y no lo hace. Se trata de aportar propiedades para poder embargar los bienes de aquellos que han solicitado un crédito o firmado una hipoteca", explica Óscar Rosa, socio director de Detectys en Málaga.

Los más de 21.000 informes de localización y solvencia realizados por esta agencia en el segundo semestre de 2012 demuestran que tres de cada cuatro personas que debían dinero tenían, sin embargo, capacidad suficiente para asumir su deuda. Y no solo eso. Los detectives descubrieron también que el 75,8% de aquellos que fueron investigados resultaron ser solventes pese a que aseguraban lo contrario, frente al 7,3% que no disponía de bienes. El 15,9% lo ocupaban aquellos que generaban dudas acerca de su liquidez.

Los ingresos del cliente sobre el que giran las sospechas suponen el blanco de cualquier indagación. Del último informe emitido por Detectys se extrae que el 30,5% de los deudores contaban con nóminas embargables. Por el contrario, solo el 13,1% mostraba carencias económicas. Asimismo, se detectaron casos de individuos con ingresos de "dudoso embargo", concretamente el 11,5% de los sujetos vigilados.

Conocer el tipo de renta de la que se dispone es una de las prioridades que se fijan las entidades financieras, puesto que, al acceder a estos datos, tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento legal, en el que invierten una media de 400 euros por cliente. Es lo que se conoce como información resolutiva, que los departamentos de morosidad de los bancos encargan a los profesionales de la investigación.

La ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, establece que los detectives privados están habilitados para obtener información de personas y, por ende, tratar los datos sin necesidad de obtener el consentimiento del afectado, siempre que no se utilicen para ello "medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar". De ahí que su labor pase también por verificar el domicilio de los deudores, que no siempre proporcionan datos reales. El 72% de los investigados curiosamente había cambiado de residencia, según el informe de Detectys correspondiente a los últimos seis meses. Solo el 26% de las direcciones facilitadas a la entidad bancaria eran correctas, mientras que el 1% resultó ser desconocido.

Desde el estallido de la crisis, a las portadas de los periódicos no han dejado de aflorar todo tipo de pufos financieros y de delitos empresariales que hasta entonces la bonanza económica parecía haber encubierto. Ello explica que los engaños a las sociedades sean otra rama de investigación que cotiza al alza, algo que favorece a los detectives. A estos profesionales se les solicita cada vez con más frecuencia información preventiva, es decir, informes de confianza para conocer el comportamiento de pago de una persona o empresa con la que se pretende iniciar una relación comercial.

Pero además, defraudar a la compañía de seguros continúa siendo una práctica habitual entre muchos españoles, que tienden a magnificar lesiones de un accidente para obtener una mayor indemnización de la póliza, señala Rosa, también vicepresidente segundo de la asociación profesional de detectives privados de España (APDPE). Este tipo de casos se ha incrementado un 30% en los dos últimos años.

La situación económica ha hecho proliferar las estafas, al punto de que bajas fingidas, duplicidad de empleos, subarrendamientos no autorizados e incluso matriculaciones fraudulentas en colegios centran ahora el trabajo de los indagadores. "Hacemos un seguimiento y un informe con pruebas para que las empresas tomen medidas", indica el portavoz del colectivo.

Otro de los detectives consultados añade que, a veces, las compañías se están jugando la friolera de 600.000 euros. "Verificamos el estado físico de la supuesta víctima del siniestro. En ocasiones basta con una persecución", manifiesta.