El cabecilla de la red de estafas por internet se había fugado de un centro de menores

El menor de 17 años que lideraba la trama de estafas por internet asentada en Málaga y desarticulada en San Fernando (Cádiz) a través de la Operación Libélula tenía antecedentes por delitos similares.

Este joven –cabecilla de la red y que vivía en Marbella– había sido detenido hace dos años por participar en una red que se dedicaba a lo que se conoce como Bizum inverso, mediante el que se engaña a la víctima para hacerle creer que va a recibir un pago (normalmente por una compra a través de internet) cuando en realidad lo está haciendo. Y se había fugado del centro de menores en el que se había decretado su ingreso para desde fuera montar una sofisticada trama que llevaba las estafas por internet a un nivel nada convencional, llegando incluso a hacer uso de wallets de criptomonedas para manejar el dinero que conseguía de manera fraudulenta y evitar que se le siguiera el rastro.

De hecho, en uno de los registros practicados por la Policía en el momento de la detención se pudo acceder a una de esas wallets cuyo importe ascendía a la friolera de 150.000 euros. La investigación llevada a cabo cifra el valor de lo defraudado en 350.000 euros a raíz de las 200 denuncias que se han registrado en dos meses, aunque se sospecha que evidentemente el dinero estafado podría alcanzar cifras millonarias.

Entre las víctimas –señalan fuentes policiales– hay todo tipo de perfiles sociales, incluidas personas con alto grado de formación y muy cualificadas profesionalmente, a las que sin embargo se consiguió engañar gracias a la apariencia de veracidad que lograban imprimir al fraude. “No se trata de la clásica estafa del perrito de Wallapop”, señalan fuentes policiales al aludir a la evolución de la estafas a través de la red que había impulsado este menor residente en San Fernando. La complejidad del sistema empleado es, de hecho, una de las facetas que más ha llamado la atención de la Policía.

La brecha de seguridad falsa

La trama, de hecho, hacía uso de una elaborada actualización del método conocido como smishing, el envío de SMS masivos simulando ser una entidad bancaria para acceder fraudulentamente a las cuentas.

No obstante, al envío de los SMS que las víctimas recibían –y que derivaban a páginas falsas que emulaban en apariencia y forma a las de las entidades bancarias– le acompañaban también llamadas telefónicas de supuestos operadores de los citados bancos que alertaban de una supuesta alerta de seguridad en la cuenta corriente al haber detectado grandes transferencias de dinero, lo que reforzaba el engaño.

Es más, si una persona sospechaba y le daba por comprobar el número desde el que lo llamaban consultando en Google le aparecía también gracias a un programa informático que dicho teléfono estaba asociado a la entidad bancaria, por lo que todo aparentaba ser verdad.

Así lograban vencer recelos y suspicacias. Las continuas campañas, advertencias y recomendaciones a la ciudadanía que se lanzan para prevenir posibles delitos on line han llevado a elevar el nivel de estas estafas y a hacerlas mucho más refinadas, como la Operación Libélula llevada a cabo en San Fernando ha puesto de manifiesto.

En este caso, el empleado del banco ficticio que llamaba por teléfono presionaba hábilmente a los personas estafadas alertándole de elevados cargos a los que tendrían que hacer frente sino se cancelaba la operación de inmediato para hacerse así con las claves de su cuenta, sorteando incluso el sistema de doble verificación que muchos bancos tienen a través del envío de claves a los teléfonos móviles de los clientes.

Y así, creyendo evitar una estafa a través de internet las personas estafadas permitían a estos ciberdelincuentes hacerse con el control absoluto de la cuenta bancaria, de la que sacaban a continuación todo lo que tenía para dejarlas en blanco.

Una trama muy elaborada

Según fuentes de la investigación, la trama contaba de partida con datos de las personas estafadas, que habían sido adquiridos con antelación a un hacker que había accedido ilegalmente a ellos vulnerando los sistemas de seguridad de las entidades bancarias para ponerlos a la venta entre estas redes de ciberdelincuencia, lo que facilitaba el envío de SMS, las llamadas telefónicas y redundaba en esa apariencia de credibilidad habían imprimido a la elaborada estafa.

Una vez que se hacían con el dinero de las cuentas desvalijadas, la trama se dedicaba a moverlo a través de distintas cuentas, se retiraba efectivo en distintos cajeros automáticos o incluso se adquirían criptovalores en cajeros automáticos moviéndolo posteriormente entre diferentes monederos fríos.

La investigación se inicia en el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando a raíz de la denuncia cursada por una entidad bancaria, que alertaba de la suplantación de su página web con usos fraudulentos. A partir de ahí, para conseguir desarticular la trama, se inicia un arduo trabajo durante tres meses en el que participa también la Unidad Central de Ciberdelincuencia, cuyos expertos se desplazaron incluso a La Isla en el momento en el que se practicaron los registros y las detenciones.

Las detenciones y los 6 registros se llevaron a cabo a principios de febrero, si bien hasta ahora no ha trascendido el resultado de la operación policial sobre la que se decretó también secreto de sumario.

La mayoría de los detenidos –24 en total– son de San Fernando, si bien al cabecilla de la trama se le intercepta en la localidad malagueña de Marbella, donde estaba viviendo haciendo gala de un altísimo tren de vida, según indican fuentes policiales.

La media de edad de los implicados se sitúa en torno a los 20 años. Y entre los 8 detenidos que han pasado a prisión provisional se encuentra también un hermano del cabecilla menor de edad, que también contaba con antecedentes.

Hasta 3.000 euros diarios

Por el elevado número de personas implicadas y de detenidos, así como por la complejidad de la trama, se trata de la investigación más importante llevada a cabo desde la Comisaría de San Fernando contra las estafas por internet, que ha pasado a convertirse en uno de los delitos más comunes en la actualidad. De hecho, en La Isla, hay ya numerosos casos previos de operaciones contra la ciberdelincuencia.

Fuentes policiales señalan que los jóvenes que tomaban parte en la trama, dependiendo de su escalafón en la jerarquía, podían perfectamente ganar un mínimo de 3.000 euros diarios con estas estafas sin demasiado esfuerzo, ayudando solo a mover el dinero estafado entre distintas cuentas o retirándolo de los cajeros y cobrando por ello una comisión del importe estafado.