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Después de veinte años luchando por conseguir la legalización de sus viviendas, y seis de ellos, moviéndose entre despachos y partidos políticos para conseguir que sus licencias fuesen reconocidas con la autenticidad que les dieron sus respectivos ayuntamientos cuando las compraron, la Asociación Soha (Salvemos Nuestras Casas - Axarquía) se ha quedado con un sabor agridulce.
La nueva Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (Lista) que entrará en vigor en un plazo de veinte días, no resuelve la situación de las viviendas unifamiliares aisladas, y se quedan con la misma clasificación que ya obtuvieron con la modificación de la Loua (Ley urbanística) a la que reemplaza) en 2016. Esto es, bajo la figura del Asimilado Fuera de Ordenación.
De hecho, la Lista no convence ni a los propietarios de viviendas en el no urbanizable ni a los ecologistas de la Axarquía. A los primeros porque consideran que va a generar un agravio comparativo entre las nuevas que se construyan para las que hay más permisividad, y las ya ejecutadas que se seguirán considerando “ilegales toleradas”.
Los segundos creen que se eliminan todos los límites para construir en suelo rústico, sin tener en cuenta sus usos agrícolas primitivos y bajo el pretexto del impulso de su desarrollo para frenar la despoblación.
La nueva norma que viene a sustituir a la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía (Loua) se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) de forma definitiva, a la espera de la incorporación de los reglamentos. En ahí, donde Soha espera poder hacer algún movimiento y que sean escuchados.
Con la Lista, el gobierno andaluz (PP-Cs), ha pretendido agilizar los trámites urbanísticos para los ayuntamientos y simplificar las clasificaciones de los suelos que pasan a ser urbano o rústicos. La regulación de éstos fue uno de los puntos más cuestionados por los socialistas para apoyar la nueva Ley en el Parlamento. Estos pedían que tuviese una vinculación agrícola para evitar fines especulativos o turísticos. Finalmente sólo ha incluido la prohibición de construir en suelos “especialmente protegidos”.
La consejera de Fomento, Marifran Carazo, defendió el posicionamiento de la Junta de Andalucía, como una forma de fijar la población al territorio evitando la despoblación, de favorecer el desarrollo de las zonas rurales y de evitar nuevas viviendas irregulares.
Con respecto a aquellas viviendas ya levantadas en suelo no urbanizable, 300.000 se catalogaron en Andalucía, la Lista resuelve la legalización para aquellos hábitats rurales diseminados pero mantiene la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) para las unifamiliares aislados.
Para los miembros de la Asociación de afectados por viviendas en el campo, SOHA (Salvemos Nuestras Casas - Axarquía), “ha habido un avance positivo” en lo que se refiere a estos diseminados pero no para el resto de viviendas. “Se han atendido algunas de las reivindicaciones de nuestra asociación en favor de la despoblación pero la mayoría de las viviendas afectadas por el anterior marco jurídico, que tienen sus licencias, pagadas y escrituradas, tienen que solicitar de Asimilado Fuera de Ordenación) y declarar tu casa ilegal”, lamentó Mario Blancke, portavoz de Soha. En la Axarquía se estimaron en más de 20.000 las viviendas en esta situación.
“El AFO no es una solución, es un problema en la Axarquía, donde la gran mayoría de las viviendas aisladas se construyeron con licencia. Si existe una licencia vigente que no ha sido declarada nula, no se puede declarar AFO. Esto va a provocar agravios comparativos con las nuevas casas unifamiliares aisladas que se construyan en el suelo rural. Habrá casas en el campo con licencias nulas por los tribunales, y a lado, podrán construir una legal”, argumentó Blancke para quien el asimilado fuera de ordenación “no es una legalización como quieren hacer creer, sino que significa vivienda ilegal tolerada”, subrayó el portavoz del colectivo que va a continuar trabajando para los socios que necesiten resolver la situación de sus licencias.
“Entrará en vigor antes de que termine el año, pero nosotros vamos a seguir manteniendo reuniones con los diferentes gabinetes que tienen la labor de construir el reglamento de la Ley. No podemos parar, y si eso significa volver a la acción política volveremos”, señaló lamentando que la Lista incluya “escasamente un folio a la regularización de viviendas aisladas”.
“En la práctica no ha habido ninguna voluntad de resolver el problema de las viviendas unifamiliares aisladas que tenían título habilitante. Mientras tanto, a día de hoy, ningún Ayuntamiento ha asumido su responsabilidad por haber concedido licencias en suelo no urbanizable”, criticó.
Es por ello que para Soha la aprobación de la Lista después de dos décadas de reivindicaciones les deja “un sabor agridulce”. “Llevan mucho tiempo de lucha por sus derechos, muchos son ya octogenarios ahora y durante todo este tiempo se han sentido abandonados por la administración pública. Imagínate, 20 años para la administración quizá no signifique nada, pero 20 años para una persona mayor son muchos años. Es una vida. Es una mezcla de decepción y cansancio”, concluyó Blancke.
Por su parte, el presidente de la asociación Phil Smalley indicó que la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación supone “volver a pagar por algo que ya se ha pagado”, es decir, “una doble imposición”. Asimismo, el presidente del colectivo subrayó el desajuste existente en las cantidades que los ayuntamientos y gestores cobran por los procedimientos para tramitar la Declaración de AFO, “que está causando crispación entre los actuales propietarios de viviendas aisladas y en el mercado inmobiliario de la Axarquía”.
Los miembros del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena – Ecologistas en Acción) están convencidos de que la Lista aumentará “el descontrol urbanístico” en suelo no urbanizable de la Axarquía. “Si partimos de que la mejor forma de evitar impactos, y contribuir a la mitigación del cambio climático y al mantenimiento de la biodiversidad, es necesario cuidar el territorio, lo más adecuado sería restringir a lo estrictamente necesarios cualquier actividad que destruya el suelo, y la actividad urbanística lo hace de manera irreversible, al sepultar bajo el cemento y el asfalto suelos de clara vocación agrícola”, argumentó el portavoz del colectivo, Rafael Yus quien explicó que “en muchos lugares los mejores suelos agrícolas de Andalucía, las vegas, han sucumbido bajo la actividad edificatoria”. Para Gena, según transmitió Yus, facilitar la construcción de nuevas viviendas es, “además de insostenible, irracional; porque, aunque nuestros políticos no hayan aprendido nada de la anterior crisis, hay que suponer que sí han aprendido la lección el resto de los sectores implicados: los constructores no van a edificar nuevas viviendas para las que no hay demanda, ni las instituciones financieras las van a financiar, los únicos que pueden estar interesados en seguir generando esas expectativas son los especuladores”. El portavoz del colectivo ecologista tampoco entiende que como justificación al impulso de la autoconstrucción en suelo no urbanizable, “que actualmente es ya un cáncer metastásico irreversible en la Axarquía”, la Lista pretenda “desarrollar” el medio rural, “o impedir su despoblación, la amenaza de la España vaciada. Sin embargo es de una gran obviedad que ésta no es la mejor manera de evitar este problema”.
Soha teme que con la figura legal del Afo contemplada en la Loua y mantenida en la Lista se cree un caldo de cultivo para los “mediadores”. “Estos no son más que al fin y al cabo gestores y abogados, que han visto una oportunidad de hacer el agosto”, advirtió el portavoz de Soha, Mario Blancke. “Y si hablamos del mercado inmobiliario en la Axarquía, si los compradores o vendedores no se informan bien, pueden acabar pagando mucho dinero, por cosas que seguramente ya pagaron”, señaló. Con respecto a las tramitaciones de los Afo en la Axarquía, explicó que en la zona de Alcaucín, La Viñuela y alrededores, puede haber en torno a 1.000 viviendas en esta situación. “De los datos que disponemos, es que sólo se han resuelto una veintena de declaraciones. También es importante señalar que aunque la Ley marca un plazo administrativo de seis meses para resolver los trámites, en realidad éstos están tardando más de seis”, afirmó.
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