El tibio cambio normativo de las viviendas turísticas enfada a los vecinos

Málaga/Los vecinos que tienen en sus comunidades viviendas turísticas están que trinan porque la anunciada modificación normativa del Gobierno para apaciguar el conflicto no incluye retroactividad ni la declaración de estos inmuebles como actividad económica, frenando así las posibilidades de actuación de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

La batalla entre los propietarios de viviendas turísticas y sus vecinos sigue, por tanto, sin estar resuelta. El Gobierno aprobó el pasado viernes la modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal que permitirá que las comunidades puedan impedir la proliferación de este tipo de usos con una mayoría de tres quintos de los votos, siendo un paso adelante porque antes se exigía la unanimidad, algo imposible en cuanto hubiera un propietario que quisiera dedicar su inmueble a uso turístico. Esa modificación fue publicada el martes en el BOE y entró ayer en vigor, por lo que a partir de ahora cualquier vecino que quiera tener una vivienda de uso turístico necesita el apoyo de un importante número de vecinos.

No obstante, los residentes aseguran que están “muy decepcionados y enfadados” por dos razones. La primera es que esta medida no es retroactiva, de forma que todos aquellos propietarios que ya prestaran ese servicio con una vivienda registrada legalmente podrán seguir haciéndolo. Es por ese motivo que en las últimas semanas ha habido una avalancha de peticiones de registro hasta el punto de que, en estos momentos, ya hay más de 28.000 viviendas legalizadas en la provincia de Málaga, según los datos aportados por la Consejería de Turismo y Deporte. La segunda razón es que, según explica Alejandro Villén, vecino del Centro Histórico de Málaga y miembro de la coordinadora nacional Barrios por un turismo sostenible, “nos dijeron que iban a declarar a estas viviendas como actividad económica y en el BOE no se hace ninguna mención, lo que le resta muchas posibilidades de actuación a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómicos”.

El correo electrónico de Villén echaba ayer humo de representantes de barrios de media España enfadados. “La medida de los 3/5 no vale para nada en aquellas comunidades en las que ya están implantadas o incluso en las que ya hay más viviendas turísticas que residentes después de varios años sin poner soluciones”, expone Villén, quien señala que solo será positivo en “comunidades muy grandes con piscina porque los residentes no querrán las molestias de los turistas, pero los centros históricos, muchos de los cuales tienen viviendas unifamiliares, están condenados”. “Nosotros lo que queremos es que se equiparen a los hoteles, que sean una actividad económica y que se puedan regular en los planes urbanísticos”, añade Villén, y cree que se acabará en los tribunales.

Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva), tiene otra visión completamente distinta. Cree que la posibilidad de que tres quintas partes de los vecinos puedan impedir que haya viviendas turísticas “es demasiado dura para el sector y abogamos por cuatro quintos como ocurre en Barcelona”. Pérez Lanzac señala que este principio es “inconstitucional porque solo se aplicaría a la vivienda turística y se rompe el principio de igualdad”, a la vez que advierte de que “hay una pérdida de derechos importante”. El presidente de Avva sí defiende que con esta medida “se podrá eliminar a malos actores” y asegura tajante que “no hay conflicto vecinal en absoluto, sino solo un ruido oportunista y político”.

Alejandro Pestaña, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, subraya que “con esta medida se puede evitar que haya más viviendas turísticas, pero las que ya están se quedan igual salvo que sean ilegales” y recuerda que “cada propietario es un voto, aunque tenga siete viviendas, garajes o locales”, si bien se tienen en cuenta los coeficientes.