Los centros especiales de empleo amenazan con retomar las protestas

La tregua en las protestas de los centros especiales de empleo podría romperse después de las vacaciones de Navidad. Una vez cobrado uno de los dos años que les adeudaba la Junta de Andalucía en concepto de subvención de los sueldos de los trabajadores, la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (Aceema) se mantiene alerta y advierte a la Administración regional que retomarán las movilizaciones "si no hay una norma estable que respete o amplíe y actualice las líneas incentivables de la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi)", aprobada en 1982. "Hicimos la primera fase de las protestas y detuvimos la segunda porque nos pagaron un año de los dos que nos debían. Pero aunque ha publicado la orden de 2015 que nos permitía las ayudas, ésta no incluye todas las líneas incentivables", indica el presidente de Aceema, Alfonso Rubio.

De los conceptos incentivables de la norma, tan sólo uno aparece en la orden publicada: el mantenimiento del puesto de trabajo, por el cual por cada puesto de trabajo la Junta paga la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y les libera de la parte de la cuota empresarial. Según Rubio "ni se menciona al resto": creación de puestos trabajo, adaptación de los mismos y el incentivo para el reequilibrio financiero si la empresa es poco viable. "Si la Ley se aprobó en el año 82, creemos que eso es algo ya bastante consolidado a estas alturas", añade Rubio.

Por ello, en enero de 2016 remitirán una carta a la Administración andaluza para explicar su situación. "Queremos que sepan que aunque hayan aprobado la orden, es una norma que no nos puede satisfacer porque es perjudicial", argumenta el presidente de Aceema. Así, si la Junta no incluye todas las líneas incentivables, se reunirán en asamblea para determinar los siguientes pasos a seguir y establecer una nueva hoja de ruta en sus protestas.

Los centros especiales de empleo comenzaron sus movilizaciones -entre ellas una marcha a Sevilla y una concentración frente al Palacio de San Telmo- para denunciar la asfixia que sufrían debido al retraso en el pago de la Junta a empresas que emplean a discapacitados; adeudando ayudas por 5,4 millones.