Los centros de Málaga que atienden la discapacidad, "asfixiados" por la infrafinanciación de la Junta

Así como la Administración autonómica concierta plazas para colegios o residencias de ancianos, también lo hace para la atención de personas con discapacidad. Pero estas instituciones sostienen que la "deficitaria financiación" de lo que les paga pone en peligro su supervivencia. Para denunciar la situación y exigir que las plazas se concierten a unas cantidades acordes a los gastos reales, las asociaciones se han concentrado este jueves en la Plaza de la Constitución. "La Junta de de Andalucía nos arruina" o "Sin financiación no hay futuro", han sido alguno de los lemas esgrimidos durante la protesta. El panorama que dibuja la Junta es diametralmente opuesto. Ha replicado que el aumento del precio por plaza respecto a 2018 -cuando gobernaba el PSOE- es del 24% y defiende su "compromiso inequívoco" con el sector.

No es así como se ve desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI). Su vicepresidente, Alfonso Rubio, ha denunciado: "Somos prestadores de servicios de la Junta, unos servicios por los que paga menos de lo que cuestan". Ha asegurado que algunas organizaciones se han endeudado para cubrir el déficit y "otras nos estamos comiendo nuestro patrimonio para afrontarlo". El resultado es que están "asfixiados" porque la infrafinanciación oscila -según las estimaciones de CERMI- entre el 7 y el 35%. "Estamos en una situación de colapso económico, hay centros que llevan algunos meses sin pagar las nóminas", ha afirmado.

El problema afecta en la provincia a 84 centros; 56 de día y 28 residenciales. Los primeros suman 2.141 plazas y los segundos, 956. Prácticamente la totalidad de ellas están concertadas con la Administración autonómica. La asistencia abarca discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica. La amplísima mayoría son asociaciones sin ánimo de lucro que afrontan unos costes por cada plaza que van de los 1.500 a los 3.000 euros mensuales.

"Ahora la Junta paga al día, pero menos de lo que cuesta cada plaza", ha insistido Rubio. Desde CERMI se ha recordado que según la Ley de Contratatación del Sector Público, los conciertos deben ajustarse a los costes de mercado, algo que, según sus representantes, no ocurre con este sector tan vulnerable de la sociedad. Rubio ha hecho hincapié en que a la hora de concertar, la Administración autonómica obliga a las entidades a cumplir ciertas ratios y condiciones, pero luego no tiene en cuenta los incrementos establecidos en los convenios colectivos o la actual inflación que también influye en los gastos corrientes. "Siempre paga por debajo de los costes", ha denunciado.

Aunque la protesta ha tenido lugar en la céntrica plaza malagueña, la reivindicación es a nivel regional. Ya se ha celebrado en otras provincias y de hecho el 3 de diciembre está prevista una manifestación desde la Plaza de España hasta el Palacio de San Telmo.

Rubio es también presidente de Aspromanis, una organización centrada en la atención a las personas con discapacidad intelectual con una trayectoria de más de medio siglo en Málaga. Ha puesto como ejemplo su asociación para insistir en que viven "ahogados" por la infrafinanciación que les obliga a dejar bajas laborales sin cubrir y obras necesarias sin hacer. "Después de 60 años de austeridad, si la Junta se retrasa 15 días, nostros tenemos que retrasarnos también 15 días en el pago a proveedores y trabajadores", ha comentado. El vicepresidente de CERMI también ha criticado que la lista de espera en este ámbito, que sospecha que es abultada, sea "un secreto de Estado". En resumen, las entidades denuncian que asumen una atención que le correspondería a la Junta, por la que les paga menos de los que les cuesta y que no llega a todos los que la necesitan dado que hay listas espera.

La réplica de la Junta

La Junta de Andalucía, en respuesta a la protesta, describe una situación bien diferente. Tras defender su "compromiso inequívoco" con el sector de la discapacidad "que se refleja en medidas sin precedentes", facilita un aluvión de datos para cargarse de razón. Precisa que desde 2018, cuando gobernaban los socialistas, el aumento medio de la plaza ha sido del 24%. "Frente a esta subida desde que Juanma Moreno es presidente, en los últimos seis años del PSOE el precio/plaza estuvo congelado. Es más, en 2016 la Junta bajó su aportación para costear las plazas", sostiene la Administración autonómica. Además, detalla que desde 2019 en toda la región se han creado más de 1.700 plazas, de las cuales solo en 2023 fueron 470. "Se trata del mayor incremento de una sola vez. Al cierre de 2018 había en total 15.069 plazas. Actualmente existen 16.843 en Andalucía", precisa la Junta. También replica que el Gobierno de Andalucía ha puesto a disposición de las entidades más de 33 millones de euros de fondos europeos para la construcción y reforma de centros residenciales y centros de día para usuarios de este colectivo. "Nunca antes se habían movilizado tantos fondos para la construcción y reforma de centros destinados a la atención de personas con discapacidad", asegura.

También pone la pelota en el tejado del Gobierno de España, al señalar que "sigue sin aportar lo que le corresponde para el sostenimiento de la dependencia; al menos lo mismo que aportan las comunidades autónomas". Según los datos de la Junta, en 2023, la financiación autonómica en Andalucía fue de 1.203 millones de euros frente a los 729,2 millones aportados por el Estado. Incluso pone ejemplos de la "infrafinanciación" del Gobierno central. En el caso de una plaza de atención residencial para personas con discapacidad con grado II, el coste medio de la plaza es de 2.997 euros. De acuerdo a las cifras que maneja la Administración andaluza, la aportación del Estado es solo del 4%, 130 euros, mientras la Junta de Andalucía debe financiar el 96% en este tipo de plazas.

La Administración autonómica también esgrime cifras en el ámbito de la atención temprana. Asegura que se ha producido un incremento del 81% del gasto; de "54 millones de euros de 2024, frente a los 30 millones de 2018", cuando gobernaban los socialistas. Detalla que se ha aumentado el precio por sesión, de 22 euros en 2019 a 28 en la actualidad y que se han abierto 25 nuevos centros de atención infantil temprana (CAIT) en Andalucía, "en áreas que hasta ahora no contaban con ninguno, y ha permitido que cada provincia cuente con, al menos, un CAIT".