El Colegio de Enfermería tacha de “alarmante” el déficit de profesionales en Málaga

El Colegio de Enfermería tacha de “alarmante” el déficit de profesionales en la sanidad malagueña. Recuerda que es una de las provincias con la ratio más baja de enfermeros de España y requiere “medidas urgentes” para “garantizar la calidad asistencial así como la seguridad del paciente”. La institución lanzó este mensaje después de que el Congreso de los Diputados diera recientemente luz verde por segunda vez a la iniciativa legislativa popular (ILP) para establecer unos ratios mínimas de enfermeros.

Según los datos facilitados por el Colegio, la media de la Unión Europea es de 8,83 enfermeros por cada mil habitantes mientras que en España es de 6,3, “lo que sitúa a nuestro país en una posición de desventaja significativa”. Pero Andalucía y Málaga están aún peor, con unos indicadores de 5,6 y 4,8 respectivamente. 

Con estos números –que incluyen a la sanidad pública y la privada–, la provincia se sitúa casi en la mitad de la ratio europea. De ahí que el Colegio concluya que “en Málaga, la situación es aún más alarmante” que en el contexto nacional.  

El presidente de la institución profesional malagueña, José Miguel Carrasco, estima que de forma perentoria sería necesaria la incorporación de unos 1.500 enfermeros para cubrir los déficit más acuciantes. Unas carencias que no son nuevas, sino que llevan lustros denunciando. En su opinión, el déficit “no sólo incrementa la presión asistencial en los hospitales y centros de Atención Primaria, sino que también compromete la salud laboral de las propias enfermeras”. 

Esta es la segunda vez que la iniciativa legislativa popular se tramita en la Cámara Baja. Tras recabar el apoyo de 660.000 personas, la ILP fue registrada en el Congreso en 2018 y ya en 2020 el Pleno la admitió a trámite. Sin embargo, el texto quedó en un cajón y después de 83 prórrogas en los plazos de enmiendas decayó por la disolución de las Cortes.

Carrasco hizo hincapié en que “en Málaga sufrimos una de las peores ratios de enfermeras de toda España, lo que repercute negativamente en la seguridad de los pacientes y en la calidad de la atención que podemos ofrecer”. Por ello, reclamó que “esta ley no se quede en trámites parlamentarios y se materialice en hechos concretos que beneficien realmente a la ciudadanía y a los profesionales”. En su opinión, las bajas ratios son producto de “mala planificación y falta de inversión”. Como contraposición puso el ejemplo de Navarra y el País Vasco. “Cada comunidad autónoma decide en qué invierte y aquí no se apuesta lo suficiente. Allí en cambio, hay más inversión y mejores contratos”, dijo. 

Pero mientras los representantes profesionales y sindicales de los enfermeros aplaudieron el paso dado por el Congreso –que dista de ser una aprobación de una ley de ratios, puesto que sólo es la toma en consideración del asunto–, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) no tardó en expresar sus críticas al entender que la propuesta “no es realista”, ni en el ámbito público ni en el privado. Para ASPE, “la medida supondría incrementar en un 800% la cantidad de profesionales de enfermería en algunos territorios con amplia despoblación, algo inalcanzable dada la situación de escasez de personal que afecta a todo el sistema sanitario”. Además, la asociación advierte que podría producirse un “conflicto de competencias” con las comunidades autónomas que son las encargadas de gestionar la sanidad.