El Colegio de farmacéuticos de Málaga abre expediente al investigado por traficar con Tramadol en Torremolinos

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga ya se ha pronunciado al respecto de la investigación policial que gira en torno al boticario de Torremolinos que fue detenido por, presuntamente traficar, a gran escala, con Tramadol, un potente opiáceo. El colectivo, tras tener conocimiento de las "posibles irregularidades en la distribución de medicamentos" de la farmacia de la que es titular el investigado ha abierto un expediente informativo para esclarecer lo sucedido. "Llegado el caso", ha precisado, tomará las "medidas disciplinarias correspondientes", según ha explicado a través de un comunicado.

Fuentes conocedoras de este tipo de investigaciones han apuntado que una de las actuaciones preventivas pasaría por paralizar la licencia de farmacéutico hasta la celebración del juicio. La suspensión definitiva se produciría sólo en caso de que el juez decretara en sentencia la inhabilitación del investigado para seguir ejerciendo. En caso de que la pierda definitivamente, ya no podría mantener la farmacia a su nombre y ello conllevaría su venta a otro responsable que sí disponga del permiso necesario. "El Código Penal no es muy duro con el tráfico de medicamentos en este país. En este caso, la investigación está bien desarrollada y tiene poca defensa", advierten las mismas fuentes.

Cabe recordar que la Policía Nacional detuvo a cuatro personas, entre ellas el farmacéutico, como presunto cabecilla de una banda que escondía miles de euros incluso en osos de peluche, y tres empleados de su confianza. Los investigadores se incautaron en los registros de unas 250.000 pastillas de opiáceo sintético. De las pesquisas se desprende que ingresaba 30.000 euros cada seis semanas.

Ahora, el Colegio de boticarios ha condenado "de manera rotunda esta presunta actuación cualquier otra de distribución ilícita de medicamentos que deben ser perseguidas y denunciadas". Asimismo, ha mostrado su "absoluta colaboración con las Administraciones, la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para erradicar cualquier actuación de distribución ilegal de medicamentos".

Al tiempo, ha recalcado que, de confirmarse los hechos que están siendo investigados, "se trataría de una práctica aislada, que en absoluto refleja la actividad asistencial diaria de la red de 681 farmacias de la provincia de Málaga".

El Colegio de Farmacéuticos insiste en que las boticas, como el resto de los servicios del sistema sanitario, están sometidas a "una sólida legislación, que atiende al interés general, así como a un rígido régimen de inspección, control y sanción por parte de la administración en beneficio de los pacientes".

Además, ha resaltado, la propia profesión farmacéutica dispone de un Código Deontológico cuyo objetivo es "complementar la normativa legal para garantizar la calidad en la atención y el mantenimiento de los principios éticos profesionales".

Pese a todo, el colectivo pide "respetar la fase de investigación y la presunción de inocencia". Y ha añadido que, en cualquier caso, "no sería justo extender a toda una profesión sanitaria la actitud reprobable de unos hechos que, por supuesto, merecen el reproche de todos", pero que no deben "empañar la imagen de los más de dos mil farmacéuticos malagueños, una profesión que cuenta con la confianza unánime de la sociedad".

Este periódico ha podido confirmar que el farmacéutico, al que la Policía considera líder de una trama que traficaba con Tramadol a medio mundo, ya ha sido sancionado por la Administración andaluza con una multa. La Delegación de Salud no concreta la cifra, pero se trata de una infracción muy grave. Según la legislación, la penalización en estos casos prevé una sanción económica con una horquilla que va de 15.000 y 600.000 euros. Fuentes confiables indican que la multa aplicada ronda los 100.000 euros.

Sólo con la supuesta venta ilegal y a gran escala de Tramadol –un analgésico que potencia los efectos de drogas como el hachís o la cocaína si se consume mezclado– el boticario facturaba en torno a 30.000 euros cada seis semanas; unos 240.000 anuales. La banda, con tres empleadas del boticario también presuntamente implicadas, operaba desde hacía cinco años. Dos de las subordinadas, de su máxima confianza, trabajaban con él codo con codo desde hacía dos décadas. La operación, todavía abierta, ha llevado ya a decomisar más de 250.000 pastillas y unos 225.000 euros en metálico, ocultos principalmente en ositos de peluche. Los investigadores tratan aún de conocer si el boticario distribuía también ilegalmente otros fármacos como Espidifen, para tratar el dolor, y Omeoprazol, dirigido a controlar la acidez estomacal.