Condenada por calumniar a jueces de Marbella: los acusó de un “plan mafioso” para incapacitar a su "maltratador"

Una mujer ha sido condenada en Málaga por calumniar a varios magistrados en una denuncia interpuesta hace casi una década. En el escrito acusaba a dos titulares de juzgados de Marbella, a un fiscal y a un médico forense del Instituto de Medicina Legal de participar en un “plan mafioso y fraudulento, estudiado y planeado” por su marido, al que definía como “un maltratador”, para incapacitarlo y, de esta forma, que quedara “exento de responsabilidad penal, dejando así el camino abierto para incluso matar a su mujer o a otra persona”. Criticaba, además, que se acordara la nulidad matrimonial. “Supuestamente, en connivencia, por desidia, negligencia o falta de profesionalidad, la juzgadora, sabiendo que se trataba de un maltratador reincidente, debió tomar las medidas oportunas para comprobar que no se hallaba incapaz”, cuestionaba la procesada, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo.

"En lugar de proteger a la víctima han protegido al verdugo"

También lanzaba acusaciones contra los abogados que defendían a su pareja. “Sin escrúpulos y sabiendas de fraude y la falsedades cometidas siguen adelante con el plan trazado de forma concienzuda, tanto a nivel médico, jurídico u judicial con una apariencia total de legalidad, contra una mujer, yo, maltratada, atacada, amenazada y fuera de Marbella”. Un “hecho insólito pero real” del que culpaba al “Juzgador de Maltrato Sobre la Mujer, que en lugar de proteger a la víctima ha protegido a su verdugo”.

La hipotética trama iba encaminada, apostillaba, a declarar incapaz al que entonces era su pareja sentimental, “simulando” que padecía una enfermedad de Alzheimer “inexistente” con la finalidad de “obtener la anulación del matrimonio” con la acusada y la “recuperación de los bienes” que fueron aportados a la sociedad de gananciales o vendidos por bajo precio a la misma. De esta forma, ella “quedaría absolutamente deslegitimada para proteger sus intereses”.

Todo comenzó en agosto de 2016, cuando la mujer presentó una denuncia en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y también ante la Fiscalía General del Estado. En el escrito vertía “manifestaciones directas y personalizadas con las que buscaba lesionar el crédito profesional y personal” de los perjudicados, a los que ahora, obligada por el juez, deberá indemnizar con 14.000 euros.

Entre las falsas imputaciones estaban la de “colaborar con una organización mafiosa” encabezada por su marido y sus hijos. Denunciaba así la “falta de imparcialidad intencionada en las causas judiciales”. Y, al tiempo, los acusaba de “prevaricación al dictar en el ejercicio de sus funciones varias resoluciones injustas y en el interés de beneficiar los intereses de su marido”.

El Supremo, que ha rechazado el recurso de casación contra el fallo condenatorio, considera que la acusada “criticó agriamente” la decisión de incapacitar a su pareja, además del “nombramiento de su hijo como tutor” del padre, quedando así autorizado a “impugnar cualquier acto público o privado”. En los folios siguientes continuaba con las imputaciones:“Dicta sentencia incapacitando a mi esposo sin fundamentos jurídicos justificados y sin los informes médicos pertinentes conforme al Alzheimer severo que decía tener”. También arremetía contra el fiscal adscrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella, al considerarlo “partícipe de una trama para evitar una condena y la posible entrada en prisión” de su marido.