Más del 80% de los delitos de odio hacia personas del colectivo LGTB no se denuncian

Los delitos de odio se cometen en su mayoría por personas no radicalizadas y crecen en el ámbito de la LGTBIfobia, según se ha expuesto este jueves en el primer Congreso de Delitos de Odio. El encuentro lo ha organizado la Abogacía de Málaga y en el mismo se ha destacado que en estos delitos se registra una infradetección e infradenuncia y cuando suceden en internet y redes sociales suelen llevar a cometer delitos en un espacio físico.

Este tipo de faltas e infracciones se incrementaron un 33,1% en España en 2023 y el número de sus detenidos aumentó un 40,2%. El fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, ha asegurado que a veces se piensa que solo cometen este tipo de delitos personas radicalizadas, cuando la mayoría no lo son. Se ha referido al incremento de estos delitos en el ámbito de la LGTB-fobia porque sus víctimas "son más visibles ahora para los intolerantes, antes estaban dentro del armario" y apunta a una probable infradetección en relación a que ante lo que se denuncia, se sepa ver qué es delito de odio. Cree que poco a poco afloran hechos de este tipo sumergidos, ya que más del 80% no se denuncian, lo que considera una cifra "enorme". Aguilar ha indicado que aún no son muchos casos los que llegan relacionados con la inteligencia artificial (IA) y pide desarrollar la parte administrativa para sancionar en ese ámbito las conductas que lo requieran.

Del mundo virtual a la realidad

Miguel Ángel Aguilar ha puesto de relieve que, cuando estos delitos se cometen en internet y redes, "el efecto es la difusión masiva indiscriminada y contribuye a estigmatizar y generar un imaginario colectivo de prejuicios y estereotipos que muchas veces llevan a la comisión de delitos en un espacio físico". Aguilar destaca que para determinar la motivación del hecho es importante un buen atestado policial y la labor fiscal y plantea como buenas prácticas no minimizar los hechos, como las agresiones físicas leves pero que se hacen gratuitamente. Relata un caso ocurrido en Cataluña con una musulmana que subió a un autobús, no le funcionaba la tarjeta y fue agredida con graves insultos islamófobos, lo que no puede ser un delito de lesiones, ya que al existir un componente de humillación por ser diferente debe tener un tratamiento distinto.

También se apuesta por investigar en profundidad los hechos denunciados y evitar archivos prematuros, investigaciones superficiales o cosméticas y degradaciones indebidas a un delito leve, además por aplicar medidas cautelares de protección para garantizar la seguridad de la víctima cuando teme la repetición de los hechos o represalias. En delitos cometidos por internet y redes, aboga como medida cautelar retirar contenidos ilícitos que humillan a víctimas o colectivos e impulsar la prueba preconstitutida ante casos de víctimas sin hogar, a las que no hay donde citar, o en casos de personas que están transitoriamente en España y van a regresar a su país de residencia.

Las consecuencias de estos ataques son físicas y emocionales. Respecto a estas últimas desde la Fiscalía General del Estado se aboga por realizar informes periciales de impacto emocional que diagnostiquen síndromes de estrés postraumático en casos más graves, por estimular la conformidad de los acusados para no someter a la víctima a otra traumatización con una nueva declaración y por reconocer en sentencia que la motivación fue discriminatoria. En el congreso ha intervenido la letrada y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Carmen Santiago, que ha resaltado que internet es uno de medios más utilizados para cometer este tipo de delitos. "Tienen gravísimas consecuencias, en cuestión de segundos los delitos de odio a través de las redes llegan a muchísima gente y se quedan. Si no se combaten, permanecen en las redes y van construyendo un imaginario colectivo no real con respecto a los afectados", ha indicado.

Señala Santiago que estos delitos tienen "graves consecuencias para la convivencia y atacan la dignidad humana y el principio de igualdad" y cree que se han producido avances con la creación de fiscales especializados y turnos de oficio en colegios de abogados como los de Málaga, Sevilla y Córdoba, "pioneros juntos con el de Madrid" en tener abogados especializados en atender a víctimas de delitos de odio.

En un mensaje en vídeo, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha apostado por "buscar diques para que el derecho se imponga y los delitos de odio tengan esos diques muy presentes" y se ha referido a las "visiones excluyentes que provocan delitos de odio". El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, ha abogado por un compromiso de todos en la lucha contra estos delitos y en la defensa de las víctimas.