Cronología de Los Asperones: un desmantelamiento en eterno suspenso

Ni un banco en el que sentarse, ni semáforos, ni siquiera buzones para recibir la carta que por fin los saque de allí. Todo son carencias cuando de lo que se habla es de Los Asperones: un asentamiento surgido hace ahora 37 años, con construcciones que en muchos casos fueron pensadas para cinco, en las que viven cerca de un millar de personas: unas 300 familias. Es la enésima vez que se relata su historia, que se cuenta que unos llegaron allí como parte de un plan para poner fin al chabolismo en 1987 provenientes del Puente de Los Morenos, la calle Castilla y la Estación del Perro, y otros tantos tras las inundaciones de 1989. También sus gentes han perdido la cuenta de cuántas veces se les ha prometido que este área entre el cementerio, varios desguaces, el depósito municipal y las vías del Metro iba a desmantelarse y serían reubicados. La última novedad en este plano es el encargo de un estudio a Cruz Roja por parte de la Junta de Andalucía por valor superior a 400.000 euros para conocer la realidad de las familias y que la rueda vuelva a girar. Quién sabe si, por fin, para llegar a alguna parte.

Aunque precedentes más notorios guarda en su memoria. En 2020, el relator para la Extrema Pobreza de la ONU, Philip Alston, puso Los Asperones en el mapa internacional elaborando un informe, en el marco de la pobreza en España, en que mencionaba el asentamiento como ejemplo de dejación. “Una comunidad romaní que vive desde hace 30 años en circunstancias calamitosas, sin un alojamiento adecuado y sin acceso a los servicios públicos”, en el que además ponía el acento en la falta de planes de la Junta, que tres años después vuelve a pedir un nuevo análisis. La UMA ha trazado la radiografía en varias ocasiones.

Las conclusiones de éste y otros análisis rezan que la media de edad se sitúa en 26 años, el paro asciende al 74 %, el 97 % de los habitantes permanecen en situación de pobreza extrema con ingresos menores a 300 euros al mes, el hacinamiento y los problemas de salud mental están a la orden del día e infraestructuras como el saneamiento o el alumbrado público brillan por su ausencia. La lejanía de los servicios es otro problema: el centro de salud está a 3 kilómetros y la farmacia más cercana, a 1,5. En una población que vive en los umbrales de la pobreza, la dificultad para desplazarse aumenta.

La Junta tampoco ha dado detalles hasta la fecha de cuando se implementará el Plan director para la Integración Social de los residentes, en el que también participa el Ayuntamiento de Málaga y que fue anunciado hace dos años, sin que sepa nada más de él. Pero antes de llegar a eso se dieron otros tantos pasos. En octubre de 2006, la Junta crea el Área de Rehabilitación Integral de la Barriada de Los Asperones, establecida tras un plan de trabajo para la coordinación de las actuaciones de todas las Consejerías; mientras que un año después ambas instituciones firman un protocolo para desarrollar un plan integral de intervención que posibilita el asfaltado, alumbrado, acceso viario, mejora de la red de saneamiento, limpieza y adecuación del espacio de uso público.

Hasta el momento los únicos pasos efectivos se han dado entre 2010 y 2012, cuando hubo 60 traslados: 22 familias que permanecían en chabolas fueron reubicadas en viviendas industrializadas y las 28 restantes en viviendas libres o pertenecientes al parque público de distintos barrios de la capital. Tras esto, la mayoría de las chabolas fueron demolidas, pero la falta de continuidad en la intervención provocó que muchas fueran levantadas en un corto espacio de tiempo.

No obstante, después de un parón de cinco años, la burocracia siguió su curso. En mayo de 2017 el asunto se retoma constituyéndose una mesa Interinstitucional compuesta por distintos responsables tanto de la Junta de como del Ayuntamiento. Fruto de este compromiso entre administraciones se suceden distintas reuniones, incluso a nivel Ministerial, que se prolongan hasta noviembre de 2019 cuando la Dirección Provincial de AVRA en Málaga y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) concluyen en la necesidad de abrir la vía para un nuevo Convenio de colaboración. Ya en julio de 2021 se finaliza un documento de trabajo para promover la inclusión social de los residentes, impulsado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, elaborado con la participación de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento. Este documento supone una orientación para trazar las intervenciones con objetivo de inclusión social en entornos normalizados basada en el empleo, incidiendo en la necesidad de conocer la situación de cada persona para trazar la intervención. Toda una batería de medidas con vistas a un desmantelamiento que, a día de hoy, sigue en suspenso.