Un cultivo de marihuana en una vivienda de 50 metros cuadrados en Málaga equivale al consumo de 80 casas

La fiebre por la marihuana, con mafias asentadas en la Costa del Sol que expanden sus peligrosas aristas, está más alta que nunca. El robo de electricidad sigue siendo una realidad a pesar de la cruzada emprendida por Endesa. Las plantaciones en el interior de viviendas –los conocidos como cultivos indoor– implican un grave menoscabo a la red eléctrica, cuyo impacto se mide en cifras: un cultivo de marihuana en un piso de 50 metros cuadrados equivale al consumo de 80 casas, lo que provoca “saturación de las redes” y compromete la “seguridad del suministro”, aseguran a este periódico fuentes de Endesa.  

En los primeros nueve meses de este año, la compañía, a través de su filial de redes e-distribución, desconectó en la provincia malagueña un total de 90 enganches ilegales –una decena al mes– utilizados para alimentar estos sistemas. La energía consumida por cultivos detectados entre enero y septiembre ascendió a 11,5 millones de KWh. Y ello supone casi la mitad del total de la corriente robada, 29.2 millones, porción de una tarta que se completa con otros dos pedazos, el del fraude doméstico y el del industrial. Se calcula que, en el conjunto nacional, las instalaciones para cultivar cannabis consumen unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.

En Málaga, la defraudación eléctrica tiene sus entornos campeones, sus millas de oro. La capital o Vélez-Málaga son algunos de ellos. Les siguen Mijas, Estepona, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Hasta septiembre se han descubierto una media de 2,3 plantaciones enganchadas a la red. La cifra de expedientes por robo de luz en estos nueve meses –2.109– ha subido ligeramente respecto al mismo periodo de 2023, cuando se tramitaron 1.738, con un consumo de 26,7 millones de kWh. Del total de casos, 69 correspondían a cultivos de marihuana, con una energía consumida de 7,4 millones de kWh. Pero el crecimiento es más significativo si se tiene en cuenta el balance de entre enero y septiembre de 2022, con 48 expedientes vinculados a estos sistemas, con una energía consumida de forma ilegal que superaba los 18 millones de kWh (2,6 por cultivos de marihuana). 

Desde la compañía eléctrica subrayan la magnitud de un problema creciente que, remachan, llevan consigo una severa carga económica y social. Una práctica delictiva en aumento que, además, incrementa la factura de todos los consumidores y que también pone en riesgo instalaciones y atenta contra la salud y la seguridad de las personas. Un robo cuya compensación se ha socializado entre quienes no roban.

El último golpe al tráfico de marihuana destapó 1.200 plantas

Uno de los últimos golpes al cultivo de marihuana relacionado con el robo de electricidad se remonta a este mes de agosto. El operativo, en el que actuaron técnicos de Endesa junto a la Policía Nacional para destapar empalmes directos a la red, llevó hasta seis viviendas en Vélez-Málaga. Los investigadores solo pincharon en una de ellas. Las indagaciones llevaron hasta una decena de laboratorios instalados en inmuebles. Entonces hubo 14 detenidos, todos ellos pertenecientes a un mismo clan familiar. La Policía decomisó 1.200 plantas de cannabis sativa en distintas fases de crecimiento. Además de los diez laboratorios de marihuana también fue desarticulado un punto de venta de droga especializado en la dispensa de cocaína.

Las pesquisas partieron de unas informaciones que apuntaban a plantaciones de marihuana en varios domicilios de una misma barriada. Los agentes corroboraron los incesantes ruidos emitidos por la logística de los laboratorios. El intenso olor de los cultivos les facilitó la labor para ubicar los inmuebles. 

La compañía eléctrica viene advirtiendo que el robo de luz entraña un peligro añadido para las comunidades de vecinos. Los sistemas de iluminación y ventilación usados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches que causan estragos. La sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro.

Agresiones y amenazas en las labores de inspección

Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal”, según el Ministerio del Interior, conlleva además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de la compañía. En un entorno de violencia creciente, en determinadas zonas deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación y desarrollan su labor siempre acompañados por fuerzas policiales cuando acuden a desconectar las plantaciones de marihuana.

Las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones. En los últimos tres años, los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 agresiones y 45 de amenazas, según los datos de Endesa, cuando procedían a desmantelar fraudes, una hostilidad creciente que los técnicos sufren también cuando se desplazan para reparar incidencias ocasionadas por la manipulación de la red.