Cultura cree que la torre del puerto supone una expoliación del patrimonio

Málaga/El Gobierno central siembra de dudas el futuro del hotel del puerto. El Ministerio de Cultura ha emitido un informe en el que aprecia que en el proyecto existen “indicios suficientes de expoliación para el patrimonio de la ciudad de Málaga”. Entiende que “alteraría de manera irreversible el paisaje histórico y natural que caracteriza el Centro Histórico” y su relación con el mar así como su “contemplación conjunta”. Una seña que el Ministerio defiende que fue determinante para que en su día la Junta lo declarara Bien de Interés Cultura (BIC).

El departamento de la Administración central se declara competente para intervenir, aunque esa función esté transferida a la Junta, en función de dos artículos de la ley del Patrimonio Histórico Nacional de 1985 que le permite actuar cuando haya “peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social”. También apela a la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 que España ratificó en 2007.

A preguntas de este periódico, Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, rechazó las conclusiones del informe del Ministerio. Aseguró que todavía no se ha estudiado en profundidad, pero que presentará un contencioso administrativo ante los juzgados centrales, el único recurso que cabe ante el dictamen en el plazo de dos meses. Agregó, además, que el trabajo del Ministerio de Cultura no paraliza la tramitación del proyecto en curso de la torre. De hecho su construcción depende en última instancia del visto bueno del Consejo de Ministros, algo que en estos momentos se podría interpretar que será más complicado si se siguen las conclusiones del informe.

El diputado del PSOE por Málaga Ignacio López, Cano sin embargo, recordó que el procedimiento aún será largo y que se pedirán más estudios a instituciones independientes para disponer de un visión global. Eso sí, destacó, para intentar restar cualquier matiz partidista a la resolución, que el dictamen de Cultura ha sido elaborado por personal técnico del Ministerio que se ha desplazado con ese fin a Málaga.

En mayo de este año el Ministerio de Cultura anunció el inicio de este procedimiento “con el fin de realizar las actuaciones que fueran precisas, en el ámbito de las competencias propias del Ministerio, a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español”.

La actuación del departamento ministerial se produjo tras haber tenido conocimiento de la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, ya aprobada provisionalmente. La misma autorizaba el ajuste urbanístico necesario para autorizar la construcción de un edificio de 116 metros de altura, de 35+3 plantas, en la plataforma del morro de Levante, así como un complejo hotelero con una superficie de edificación máxima de 45.000 metros cuadrados.

Para reafirmarse en el camino ahora tomado, el Ministerio de Cultura incluso recordaba el pronunciamiento realizado años atrás por Icomos España reconociendo el posible impacto negativo de este proyecto. En su informe, fechado en 2018, este organismo no gubernamental recomendó “renunciar” a la edificación promovida por un grupo inversor de origen catarí.

La sugerencia de Icomos, cuya labor de asesoramiento a la Unesco es reconocida desde hace años, tomó como punto de partida “el impacto irreversible” que tendría la ejecución del inmueble, dada su “naturaleza permanente” tanto sobre el paisaje patrimonial de Málaga como de su puerto. En una entrevista con este periódico, Víctor Fernández, profesor de Geografía Humana y portavoz de Icomos, aseguraba que “un rascacielos en el puerto es como un coche de segunda mano mal aparcado”. “Los que defienden la torre cada vez lo tienen más difícil”, sostuvo. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, señalaba también la semana pasada que debíaexistir “un consenso social” para construir el rascacielos.