Invader por fin da la cara ante el juez

Málaga/Invader, al fin, da la cara. Eso sí, nueve meses después de que por vez primera fuese llamado a declarar por el juzgado encargado de enjuiciar la instalación de mosaicos en quince edificios del Centro histórico de Málaga capital, dos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). El creador, un referente internacional del arte urbano, prestó declaración ayer por videoconferencia desde un juzgado de París.

Según confirmaron fuentes jurídicas a este periódico, la declaración se prolongó del orden de 45 minutos. Al inicio de la misma, ataviado de una gorra, confirmó su intención de contestar únicamente a las preguntas de su abogada, rechazando responder a los interrogatorios del juez responsable del caso y del abogado de Fernando Francés, el ex director general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía y ex director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, que también se encuentra investigado en este asunto.

La declaración del artista urbano tuvo lugar en francés, siendo traducida de manera simultánea al español. A preguntas de su abogada, según las fuentes, Invader confirmó ser el autor de las obras instaladas en la capital de la Costa del Sol en mayo de 2017, coincidiendo con la Noche en Blanco de aquel año.

Pero se mostró sorprendido ante la reacción suscitada en torno a su intervención. Cabe recordar que el origen de la investigación judicial ahora en marcha tuvo lugar después de que la Consejería de Cultura estimase que la acción artística podía suponer un delito contra el patrimonio.

"Piensa que no hace ningún daño, que lo que hace es actuar en bien de las ciudades en las que ha actuado", relataron las fuentes consultadas sobre una parte de la declaración. "Lo que viene a decir es que esto lo ha hecho en cerca de 80 ciudades y que se ve en una situación en la que nunca se ha visto, como diciendo que a todo el mundo le ha gustado, que cuando hace sus invasiones no las hace para hacer daño”, insistieron. Sobre el papel del CAC, ha venido a admitir que había sido invitado a Málaga para la celebración de una exposición en el centro cultural malagueño.

La aparición de Invader se produce después de que a principios del pasado mes de julio una abogada se personase en su nombre después de que hubiese eludido las numerosas citaciones judiciales realizadas por el juzgado para que prestase declaración. Su testimonio es clave para la resolución del caso. El pasado abril, el juez requirió a las autoridades francesas que aclararan por qué Invader no había comparecido hasta ese momento.

El procedimiento judicial contra el creador se inició en febrero de 2018 después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga se querellara contra él porque dos de sus mosaicos aparecieron en sendos edificios catalogados BIC. Uno de ellos, el Palacio Episcopal, donde sigue luciendo un mosaico con la figura de una gitanilla con vestido de volantes. El otro, el cercano Palacio de Salinas, donde el dibujo elegido fue un pulpo de color azul y que ya fue retirado por la propiedad.

En total, dejó su huella en 29 puntos de la ciudad, 15 situados en el Centro histórico. Pero también el fiscal incluyó en su querella al director del CAC, Fernando Francés, por ser presuntamente la persona que invitó al artista francés a intervenir.

La línea argumental de la Fiscalía motivó en abril del año pasado el Juzgado de Instrucción número 6 admitiera a trámite la querella y abriese diligencias por este asunto, además de encargar otras pesquisas como la necesidad de que la Policía Local diese cumplimiento a lo que, previamente, le había solicitado la Guardia Civil "respecto de las grabaciones que puedan existir", en referencia al sistema de videovigilancia instalado en parte del centro histórico.

Se dio a entender, al incidirse en este petición, que la Policía Local no contestó a las primeras demandas realizadas por el Seprona en el marco de la investigación iniciada a petición de la Junta para intentar identificar al autor de estas instalaciones. El auto judicial que ordenó la apertura de diligencias por los mosaicos instalados en los dos edificios protegidos hacía referencia a que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".