La defensa de Barrientos pide la nulidad de la instrucción policial y destaca el papel de Villarejo en la causa

Pasadas las 11:00 horas de este lunes ha arrancado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, después de 16 años, el macrojuicio de Astapa, un supuesto caso de corrupción urbanística en Estepona, con 50 personas acusadas, entre los que se encuentra el exalcalde del municipio Antonio Barrientos.

Precisamente ha sido la abogada de Barrientos, María Gutiérrez Rodríguez, quien ha insistido en la nulidad de la instrucción en su totalidad debido al "comportamiento absolutamente ilegal de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado" relacionando, en este punto, las "irregularidades" del excomisario José Manuel Villarejo.

Gutiérrez Rodríguez ha defendido en sus cuestiones previas la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y, con ello, del derecho fundamental a la privacidad del exregidor, pues, a su juicio, los autos que permitieron en 2015 las escuchas policiales se dictaminaron sin que hubiese indicio de criminalidad. De esta manera, ha pedido la invalidación de las pruebas que se obtuvieron a raíz de estas.

Asimismo, la letrada ha cuestionado las pruebas contra Barrientos y ha acusado a Villarejo de fabricar pruebas elaborando "informes falsos" sobre el caso Astapa a través de un grupo de policías con el que contaba. Además, ha indicado que el excomisario poseía información restringida de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para "sus intereses personales y urbanísticos en el municipio". Peticiones y acusaciones a las que se han sumado el resto de defensas que han intervenido durante la jornada.

Con el objetivo de esclarecer el origen de la investigación y la validez de las fuentes de las pruebas, la Fiscalía ha solicitado que se incorpore un nuevo bloque temático en la vista oral, que continuará hasta este jueves, y el lunes y martes de la próxima semana, 16 y 17 de enero. A continuación, el Tribunal examinará y tomará decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que se propongan. El desarrollo de la prueba comenzará desde el 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana.

Con 351.114 folios y 774 tomos (128 tomos principales y 646 piezas documentales), el juicio de Astapa se divide en diez bloques que abordarán los distintos asuntos investigados, como son los tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

En esos bloques también se tratan los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, están acusados otros cinco ex responsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.