Las defensas de Astapa insisten en la nulidad del caso, pues lo consideran una "construcción artificial"

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha continuado este martes con la segunda sesión de cuestiones previas del supuesto caso de corrupción urbanística en Estepona conocido como Astapa, donde las defensas han vuelto a insistir en la nulidad de la instrucción policial en su totalidad y en la prescripción de los delitos.

Tras 16 años desde que comenzó la investigación y con 50 personas acusadas, los letrados que han intervenido durante la segunda sesión del macrojuicio se han adherido a las cuestiones que realizó la defensa de Antonio Barrientos, exalcalde del municipio y uno de los principales acusados.

Además, el abogado José Javier Polo ha ido más allá y ha defendido la ilegitimidad del origen de la investigación y su carácter viciado al entender que ha habido "manipulación policial", lo que ha derivado -según sus palabras- en "un efecto devastador sobre cualquier análisis de valoración de pruebas", pues defiende estar basada en una "construcción artificial" a manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El letrado Antonio Caba, que ejerció como alcalde de Estepona durante dos años y como concejal durante cuatro, ha manifestado que "cuando se levantó el secreto de actuaciones y empecé a leer los primeros tomos no sabía si estaba leyendo el acto quinto de Macbeth o el planning de una cacería para ver a quién había que quitar de en medio profesional y políticamente en Estepona"

Asimismo, Caba ha señalado -como hicieron el resto de letrados este lunes- las supuestas irregularidades del excomisario José Manuel Villarejo, y del exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, así como sus intenciones en la causa.

Por su parte, el letrado José Carlos Aguilera ha puesto de manifiesto los perjuicios de los acusados por "no ser tratados como inocentes sino como culpables" desde el principio, añadiendo, además, a las consecuencias de la dilación del procedimiento y lo que eso ha afectado a la vida de los procesados.

Con 351.114 folios y 774 tomos (128 tomos principales y 646 piezas documentales), el juicio de Astapa se divide en diez bloques que abordarán los distintos asuntos investigados, como son los tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

En esos bloques también se tratan los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

Una causa con hasta 100 personas imputadas

Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, están acusados otros cinco ex responsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.