Los delitos cibernéticos se multiplican por cuatro en Málaga desde 2011

Las estafas copan los delitos on line, que superan ya el 8% del total de las infracciones que se cometen en la provincia a lo largo del año

Los delitos cibernéticos se multiplican por cuatro en Málaga desde 2011. / Rosell
C. García · F. Pérez Ávila

19 de julio 2020 - 06:40

Málaga/Los delitos tecnológicos se dispararon durante el confinamiento. Era algo lógico, teniendo en cuenta que apenas había personas en la calle y comercios abiertos en los que pudieran darse las modalidades de robo más tradicionales. Esto hizo que subieran mucho las estafas en la compra por internet y los fraudes on line. Sin embargo, esta era una tendencia que ya se venía advirtiendo desde un tiempo atrás. Así lo confirma el estudio sobre cibercriminalidad elaborado por el Ministerio del Interior, y publicado en su página web, que destaca que este tipo de delitos suponen ya alrededor de un 10% del total de los que se cometen en España.

En Málaga, los parámetros son algo inferiores a los del resto del país, aunque la ciberdelincuencia supone ya más del 8% de los delitos que se cometen en la provincia a lo largo del año. Hay que tener en cuenta que en este tipo de delincuencia no hay tantos límites físicos y el autor de una estada puede residir en un punto de España y las víctimas en provincias distintas.

El portal de estadística de la criminalidad destaca que en la provincia de Málaga, en el año 2019 se cometieron 6.550 hechos delictivos relacionados con las nuevas tecnologías. Esto supuso un aumento importante en relación con el año anterior, que se cerró con 3.651 casos. Es decir, entre 2018 y 2019 la cibercriminalidad se disparó en Málaga más de un 79%.

Esta fue la variación interanual más brusca, pues en los años anteriores se observaba una tendencia al alza algo más contenida. Así, en 2017 se registraron 2.513 ciberdelitos, en 2016 el número de 2.105 y en 2015 de 1.822. Por entonces todavía no se superaban los dos millares de infracciones y los incrementos eran muy leves. En 2014 la cifra fue de 1.641 y en 2013 la estadística registró 1.681 casos. A pesar de ello, este guarismo también supuso un crecimiento en relación con el ejercicio anterior, 2012, que terminó con 1.585 delitos, y con el de 2011, en el que se cuantificaron 1.580.

El cambio es mucho más brusco si se comparan las estadísticas más recientes con las de principios de la década. Así, puede observarse que los ciberdelitos se multiplicaron por cuatro en sólo ocho años, los que transcurrieron entre 2011 y 2019. Y el hecho de que en el estado de alarma se hayan restringido los movimientos apunta a que, a buen seguro, la tendencia continuará al alza una vez que termine este año 2020.

La tasa de casos esclarecidos seis puntos más alta en Málaga que en el resto de España

Obviamente, el auge de la cibercriminalidad tiene su explicación por el uso cada vez más indiscriminado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente el teléfono móvil. También ayuda que, en los últimos años, se haya extendido el número de viviendas con acceso a internet por encima del 90% del total. En España ese porcentaje ha pasado del 58% en el año 2010 al 91% en 2019, según consta en el informe sobre la ciberdelincuencia publicado por el Ministerio del Interior.

Son cada día más las operaciones que pueden hacerse con un smartphone y esto hace que los ladrones se especialicen también en este mundo de la delincuencia on line. La mayoría de los que pululan por él son estafadores, que aprovechan para timar a posibles compradores de productos que nunca llegan, ofrecen alquileres vacacionales a precios de saldo en primera línea de playa y demás estrategias.

Durante la cuarentena, por ejemplo, hubo personas en Málaga que se vieron afectadas por la artimaña urdida por un vecino de Vitoria que acabó detenido por estafar unos 60.000 euros con la venta de material sanitarioestafar unos 60.000 euros con la venta de material sanitario. Mascarillas, guantes y nebulizadores que nunca llegaba a enviar a sus compradores. Su procedimiento era el mismo para todas sus víctimas: aprovechaba la urgente demanda de estos productos durante el estado de alarma para ofrecer lotes, y cuando le hacían el ingreso desaparecía sin más y cesaba todo tipo de comunicación. Además, en las negociaciones no usaba su nombre real, sino que suplantaba la identidad de una empresa real del sector del material sanitario, ubicada en Vallirana (Barcelona).

A lo largo de 2019 se detuvieron o investigaron a 380 ciberdelincuentes en la provincia de Málaga

Las estafas suponen el grueso de la ciberdelincuencia. Estas se incluyen dentro del apartado del fraude informático, donde se registraron 5.565 delitos en 2019 en Málaga. Son 2.827 casos más que el año anterior. La segunda modalidad delictiva on line es la de amenazas y coacciones, de las que se dieron 477 episodios. Le siguen muy de lejos, con 198 casos, los accesos e interceptaciones ilícitas, es decir, los hackeos. En cuarto lugar están las falsificaciones informáticas, con 134, y en quinto los delitos sexuales, con 79. Los delitos contra el honor ocupan el sexto escalón del ranking con 47. Aún así, uno de los delitos que más se ha dado durante la pandemia es la sextorsión, que consiste en el chantaje a cambio de no difundir una imagen sexual de la víctima.

Los ciberdelitos tienen una tasa de esclarecimiento muy baja en comparación con los delitos más graves, como pueden ser los homicidios, las violaciones, los secuestros o los atracos. La Policía se topa a menudo con entramados difíciles de sortear, sobre todo si el delincuente está en un país extranjero. La tasa de resolución de estos delitos ronda, a nivel nacional, el 15%. En Málaga, los datos son algo mejores. Pueden presumir los grupos de delitos tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil de que el porcentaje de esclarecimiento en esta provincia supera el 21%, seis puntos por encima de la media española.

A lo largo del año 2019 se detuvieron o investigaron a 380 personas por estas prácticas. De ellas, la gran mayoría, 301, eran de nacionalidad española. El resto eran de distintos países, como Gran Bretaña, Bolivia, Perú o China. La proporción es casi de cuatro hombres por cada una mujer. Fueron 231 detenidos o investigados varones mientras que mujeres cayeron 70. La mayoría de los sospechosos, un tercio de ellos, tenían edades comprendidas entre los 26 y 40 años, aunque también hubo 17 menores de edad implicados en estos delitos. En el caso de los menores, casi un tercio de los investigados lo fueron por delitos sexuales, sobre todo abusos relacionados con el teléfono móvil y las redes sociales. En esta franja de edad son menos las estafas con fines lucrativos.

Mucho mayor es el número de víctimas, que en total fueron 6.084 personas a lo largo del año. De ellas, aproximadamente un 53% fueron hombres (3.248) y el resto (2.836) mujeres. En el caso de los menores, se invierte esta tendencia, ya que las chicas sufren con más asiduidad los delitos sexuales. Así, hubo 71 niñas que fueron víctimas de los delitos cibernéticos (de los que 29 fueron casos relacionados con abusos sexuales) y 48 adolescentes varones (con 18 casos de delitos sexuales). De nuevo la franja de edad de entre 26 y 40 fue la más afectada, con 2.082 víctimas, mientras que también hubo 405 ancianos que padecieron estos delitos.

Los riesgos del comercio electrónico

Cada vez está más extendido el comercio electrónico. Por lo tanto, muchas de las conductas de los criminales van orientadas hacia este campo de actuación. Un ejemplo de actuación policial desarrollada hacia esta modalidad criminal, fue la realizada el pasado año por el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la denominada Operación Lupin, en la que se llegó a detener al considerado mayor ciberestafador en la historia de España, sobre el que recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención por todo el territorio nacional, lo que lo convertía en objetivo prioritario para todas las policías de nuestro país. Se trata de una serie de ciberestafas cometidas principalmente por la venta de productos de electrónica de consumo en tiendas online fraudulentas, copiadas de páginas legales y que eran eliminadas pronto.

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