Cada día se siguen registrando en Málaga más de 22 denuncias por violencia de género

A sus 43 años, Bianca -de nacionalidad estadounidense- fue la última mujer que se cobró la violencia de género en la provincia de Málaga. Estaba de vacaciones en la capital malagueña junto a su pareja cuando supuestamente fue asesinada a manos de éste en el apartamento en el que se hospedaban, en la céntrica aplaza de Camas. Pero, no ha sido el único crimen machista en lo que va de año. A Ana (57), su marido, también le habría arrebatado la vida en su domicilio, en Torre del Mar (Vélez-Málaga) mientras dormía. Su cuerpo sin vida fue hallado por su hijo con signos de asfixia; junto a él, una vela. Apenas dos meses más tarde, Gracia (48) era tiroteado por el padre de sus hijos, el mismo hombre del que llevaba separada hacía ya una década. Era de madrugada, estaba esperando a que llegara a su domicilio, en Pizarra. No le importó que su hija, aún menor de edad, estuviera presente.

Este es el balance de víctimas mortales en lo que va de año. Si bien, la violencia de género -antes de llegar a su expresión más cruenta- se presenta en infinidad de caras y prueba de ello son las más de 22 denuncias diarias en este sentido que sigue registrando, lo que eleva la cifra a un total de 2.024 denuncias. De ellas, solo 14 fueron presentadas por la propia víctima en en el juzgado y cuatro por sus familiares. A pesar de que continúa siendo una cifra sobrecogedora, es la primera vez desde la pandemia que se produce un ligero descenso -concretamente del 6,6%- con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se recibieron 2.167 denuncias, según los datos extraídos de los informes realizados por el Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Desde 2013 se observa una tendencia al alza de mujeres que deciden no callarse y acudir a las comisarías o juzgados para buscar protección. Por tanto, la disminución de denuncias registrada en el primer trimestre del presente año puede tener, a priori, una valoración positiva. No obstante, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, advierte de que hay que ser "prudentes" y "no sacar conclusiones precipitadas" pues, si bien reconoce, que cabe el optimismo, no olvida que detrás también podría estar la decisión de la propia víctima a no denunciar, tratándose en este caso de una "circunstancia muy preocupante que requeriría de un análisis en profundidad de sus causas y la pista en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones".

Desde enero a marzo se dictaron en la provincia 244 órdenes de protección -tres fueron inadmitidas y 83 denegadas-; la mayoría (200), solicitadas por las propias víctimas, seguidas de las requeridas por el Ministerio Fiscal (43). Como resulta evidente, al disminuir las denuncias, también se ha producido un ligero descenso con respecto a las adoptadas en el ejercicio anterior (264). En el conjunto regional las medidas de seguridad suman un total de 1.807, un 0,7% menos que hace un año. Así, en el trimestre analizado se acordaron una media de casi ocho de cada diez.

El groso de las denuncias también fueron presentadas por las damnificadas mediante atestados policiales, 1.337 -lo que supone un 66,06% del total-, seguidas de las derivadas por intervención directa policial (28, un 22,13%) y las originadas por partes de lesiones recibido directamente en el juzgado (119, un 5,88%). Las presentadas por ellas mismas en los juzgados (14), así como por familiares -tanto en comisarías como en juzgados- y por terceras personas aún siguen siendo minoría

Unas 50 mujeres se negaron a declarar contra sus agresores

Uno de los problemas a los que se enfrentan los jueces a la hora de condenar a los agresores es que las víctimas, en algunos casos, dan marcha atrás y rehusan declarar contra ellos. Si bien, el porcentaje de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar ha disminuido este primer trimestre un 40,94%. A pesar de que 75 víctimas hicieron uso de esta posibilidad que brinda la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los procedimientos penales, es una cifra bastante inferior a las 127 que lo solicitaron el primer trimestre del pasado año. A nivel regional, el número de mujeres que se acogieron a esta medida fueron 4.014, casi una de cada diez víctima, lo que ha supuesto un descenso del 16,44% respecto a 2023. Para la presidenta del Observatorio se trata de un apunte significativo, ya que la declaración de ella es muchas veces "el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos". "La renuncia a la dispensa evita la impunidad", apostilla.

Otro aspecto a destacar, señala Carmona, es el aumento en Andalucía -en un 17,5%- , del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes. También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49 % de los enjuiciados. Por este motivo, la presidenta insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Asimismo, pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado.