Unos dependientes caros e incómodos

Verano. Muchos aparcan las preocupaciones. No es el caso de las familias de 23 discapacitados que se enfrentan exactamente al mismo problema que hace un año: sus niños -como les llaman a pesar de que rozan los 50 años- tienen garantizado el pago de su plaza en una residencia para gravemente afectados solo hasta el próximo 31 de diciembre. La Diputación (PP) no está dispuesta a volver a prorrogar el concierto como hizo el año pasado y el anterior. Y la Junta (PSOE) tampoco parece dispuesta a hacerse cargo de la factura.

Son unos dependientes incómodos que desde hace un par de años enfrentan a ambas administraciones. Y, además, caros. Cada plaza cuesta más de 2.000 euros mensuales. Son personas con una discapacidad profunda. Dieciséis viven en la residencia de Aspromanis y siete, en la del Sagrado Corazón. Algunos no hablan y la mayoría necesita ayuda para comer, asearse o simplemente moverse. Unos pocos ni siquiera tienen familia. El año pasado la Diputación tensó la cuerda para que la Consejería de Salud y Bienestar Social se hiciera cargo de ellos, pero ante la firme negativa de la Administración autonómica tuvo que, in extremis, destinar 600.000 euros para costear las plazas.

"Ahora tenemos el mismo problema que el año pasado", sintetiza Antonio Muñoz, cuyo hermano, de 48 años, está en la residencia de Aspromanis. Estos 23 dependientes provienen de la residencia Virgen de la Esperanza, de la Diputación. Allí vivían, pero cuando llegaron a la mayoría de edad, el ente supramunicipal los derivó a las residencia de Aspromanis y la del Sagrado Corazón con el correspondiente concierto. "A nosotros nos los entregó la Diputación. Si no los asume la Junta, siguen siendo de la Diputación. Pero la Diputación dice que no va a renovar el concierto y la Junta, que no va a concertar", resume el presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio.

Muñoz explica que los niños llevan viviendo juntos en ambas residencias casi 40 años. De modo que los demás miembros del grupo son su familia. "Lo ideal es que sigan todos juntos. Dispersarlos sería fatal para ellos", sostiene Muñoz, que valora el gesto que tuvo la Diputación a principios de este año de prorrogar el concierto hasta finales de 2013.

Emiliani Jiménez, diputada de Centros de Atención Especializada, pone la pelota en el tejado de Administración andaluza porque insiste en que desde la aprobación de la Ley de Dependencia, esa atención es competencia autonómica y recuerda que el convenio de Diputación expira el próximo 31 de diciembre. "La solución la tiene que buscar la Junta", advierte. Además, utiliza un argumento jurídico: los reparos que todos los meses le pone el interventor a la factura por una atención "que no es competencia de la Diputación", según Jiménez.

La Delegación de Salud y Bienestar Social recuerda que es una asistencia que el ente supramunicipal viene prestando desde hace casi 30 años y reprocha que ahora se pretenda "desentender de los servicios sociales". Según una portavoz, es la Diputación -a la que acusa de "una irresponsabilidad absoluta"- la que tiene que mantener esos servicios. Desde la Administración autonómica se recuerda que el bloqueo de la Ley de Dependencia es resultado de los recortes del Gobierno central.

Estos 23 hombres y mujeres, por su discapacidad, son ajenos al rifirrafe político que generan. Sus familiares no porque son conscientes de que el tiempo se les echa encima. Quedan cuatro meses y advierten que no pueden pagar los más de 2.000 euros que cuesta su plaza. Tampoco pueden llevárselos a casa porque su dependencia es tan profunda que su cuidado es incompatible con una vida laboral normal. El sainete se repite poniendo en evidencia los problemas de los dependientes y la incapacidad de los políticos para superar diferencias incluso cuando en medio hay 23 personas que no pueden comer o asearse por sí solas.