Los detalles del nuevo contrato de concesión del Metro de Málaga

Málaga/La factura económica a la que va a tener que hacer frente la Junta de Andalucía por el funcionamiento del Metro de Málaga en los próximos años vuelve a dispararse. Los nuevos retrasos en la terminación de los tramos pendientes de ejecución y, por ende, el incumplimiento del calendario de puesta en servicio completa de la red del suburbano, van a obligar a la Administración regional a pagar del orden de 640 millones de euros hasta finales de 2027, que es cuando, según los últimos calendarios manejados, se espera que los viajeros puedan llegar hasta el entorno del Hospital Civil.

Cantidades desvinculadas de las inversiones que tendrá que afrontar para completar la infraestructura pendiente, que incluye los tramos Renfe-Guadalmedina, Guadalmedina-Atarazanas y el Guadalmedina-Hospital Civil, y que podrían rondar los 150 millones.

El detalle de esta voluminosa carga queda recogido en la última modificación del contrato de concesión firmado por la Consejería de Fomento y la empresa explotadora del suburbano a finales del pasado ejercicio y a la que ha tenido acceso este periódico. El acuerdo valida la prolongación al menos hasta 2028 del bautizado como periodo transitorio, en el que la Administración regional queda comprometida a una serie de aportaciones fijas con independencia de la demanda real del ferrocarril urbano. Y que oscilan entre los 85,7 millones previstos para 2022 y los 100,7 millones de 2027.

La literalidad del nuevo pacto, que trastoca sensiblemente el rubricado a mediados de 2014, marca con claridad los hitos de terminación y puesta en servicio del suburbano. En este sentido, se precisa la llegada de los trenes a la Alameda Principal en noviembre de 2022, un plazo que amplía el del 31 de julio de 2022 recogido en un informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía sobre esta misma modificación contractual. La continuidad hacia el Civil se establece para el 31 de diciembre de 2027 como fecha tope.

¿Qué ocurrirá si la Junta es incapaz de cumplir con esta última previsión temporal? Según lo recogido en el contrato, "el periodo se entenderá prorrogado de forma automática hasta el 31 de diciembre de 2030". De hecho, uno de los anexos recogidos ya contempla las sumas que deberá aportar la Junta en este supuesto. Las mismas serán de 104,2 millones en 2028, de 107,4 millones en 2029 y de 110,8 millones, en 2030. Es decir, otros 322 millones.

Otra de las salvaguardas que se recogen en favor de la concesionaria es que se señala que si antes del 2 de enero de 2026 no hubiera tenido lugar la formalización del contrato para la realización del proyecto de arquitectura e instalaciones del tramo Guadalmedina-Hospital Civil, "se entenderá acreditado sin posibilidad de prueba en contrario que no podrá alcanzarse la puesta en explotación total antes del 31 de diciembre de 2027 y, en consecuencia, la concesionaria y/o el BEI tendrán derecho a ejercitar los derechos o facultades que en su favor se establezcan".

La figura del periodo transitorio está vigente en la actual explotación del Metro desde que fue inaugurado a mediados de 2014. Desde ese momento y hasta 2020, en cumplimiento de las obligaciones contraídas con la concesionaria, las aportaciones presupuestadas y realizadas por la Administración regional alcanza los 450 millones de euros.

La modificación contractual firmada por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el presidente del consejo de administración de Metro de Málaga, Francisco Gambero, es la tercera de cuantas se ha tramitado desde el origen del proyecto. La realidad es que las sucesivas variaciones, como consecuencia de los retrasos en las obras y los cambios de trazado, hacen que la fotografía actual poco tenga que ver con la de 2004, cuando se adjudicó.

La transformación es radical, no sólo en las condiciones vigentes de explotación, sino en otros parámetros como el trazado final y el coste estimado (superará con creces los 900 millones). En el primer caso, en los últimos siete años se han sucedido cambios profundos. El recorrido soterrado que estaba contemplado hasta la Malagueta fue recortado hasta la Alameda, buscando con ello una reducción de los costes que ya se habían disparado. El resto de la infraestructura se desplazó en superficie hacia el Civil. Una variante que en 2019 fue descartada por los nuevos responsables de la Junta que, de la mano del Ayuntamiento, optaron por enterrar el ramal.

Esta decisión, que va a dejarse sentir de manera clara sobre el incremento del coste de la infraestructura, ya que de 44 millones en los que se estimaba el trazado a ras de calle se pasa ahora a unos 140 millones. Al tiempo, se dilatan de manera clara los plazos de materialización. Para el primer modelo, se manejaban unos 24 meses, calendario que muy posiblemente se duplique con la solución en túnel de todo el recorrido.

Esta alteración se deja sentir de manera clara en lo ahora pactado entre los socios del Metro, en el sentido de prolongar al menos hasta finales de 2027 el periodo transitorio. Un lapso de tiempo que se hubiese visto sensiblemente acortado de haberse mantenido la opción tranviaria.