El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Málaga, especializado en cláusulas suelo, arrastra un saldo superior a ocho millones de euros pendientes de entregar a unos 2.500 clientes, correspondientes de costas judiciales. Esta cantidad tardaría en transferirse unos siete años a un ritmo natural. Si bien, este periodo podría dilatarse debido a que el órgano dejará de tener competencia exclusiva en esta materia y pasará a funcionar como uno normal, lo que supondrá, previsiblemente, un mayor ingreso de asuntos. La situación preocupa especialmente al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) titular, que ha pedido la ayuda de procuradores y abogados para dar salida cuanto antes a las cuantías. 

El plan de cláusulas abusivas fue puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 1 de junio de 2017 con el fin de dar respuesta a las acciones individuales sobre los créditos hipotecarios concedidos a particulares. Desde entonces, se prorrogó debido a las numerosas denuncias recogidas. Sin embargo, la reducción de las mismas durante los tres primeros meses del pasado año ha llevado al vencimiento de la medida en algunos territorios. 

Málaga -junto a Cádiz, Sevilla y Tenerife- es uno de ellos. No obstante, el órgano judicial competente continuará conociendo y resolviendo los procesos que aún no han concluido. Muchos de ellos lo han hecho recientemente, por lo que la entrega de las costas -cantidad que recibe la parte vencedora de un pleito correspondiente a los gastos del proceso, que incluye asimismo el pago de los honorarios del abogado- aún está pendiente, acumulándose cerca de nueve millones. 

El procedimiento para la entrega de ese dinero es “tedioso”, por lo que el LAJ mantuvo una reunión con los representantes del Colegio de Abogados y de Procuradores de Málaga manifestándole así su “preocupación” y pidiéndole “colaboración” para tratar de dar salida a estas cantidades a la mayor brevedad posible. Así lo recoge una circular emitida por los procuradores y a la que ha tenido acceso Málaga Hoy. 

En el escrito, el ICP plantea solicitar una prórroga -a quien corresponda, apostilla- del cese de la competencia exclusiva de este órgano judicial o pedir el refuerzo de un secretario judicial. “Desgraciadamente la administración de Justicia no tiene la inversión de capital que reciben otras como Hacienda. De hecho, este año se han convocado 2.000 plazas para funcionarios de Justicia frente a las 20.000 para Hacienda. La diferencia es abismal a pesar de que debería ser uno de los pilares fundamentales en la sociedad”, lamenta el decano-presidente del Colegio, David Sarriá Rodríguez, a este periódico. 

En esta línea, la Corporación quiere transmitir “apoyo” y colaboración” al LAJ del Juzgado de Primera Instancia número 20 ante un problema que califican como “grave”. Asimismo, insta al juez decano y a la delegada de Justicia de la Junta a su colaboración “para en la medida de lo posible resolver” el asunto. 

El atasco en los juzgados de Málaga se agrava

Bien es sabido que los juzgados de Málaga continúan "en vía muerta" -tal y como manifestó el juez decano de Málaga, José María Páez, hace tan solo unas semanas- pese al paso de los años y las peticiones; continúan teniendo más asuntos por resolver de los que pueden abarcar con los medios de los que disponen. Las particularidades delictivas que presenta la provincia debido al asentamiento de grandes mafias complica aún más la situación. Al cierre de marzo de este año, quedaron pendientes 160.000 casos, un 12,66% más que en el mismo periodo de 2023.

Con 87.099 casos ingresados en sus distintos órganos judiciales desde enero a marzo, Málaga ocupa el pódium en litigiosidad -cantidad de pleitos iniciados durante ese periodo- a nivel regional. La medalla de plata es para Sevilla, con 75.162 y el bronce para Cádiz, con 47.760. A continuación, Granada (39.009), Almería (29.904), Córdoba (26.710), Jaén (21.330) y Huelva (19.146). Así lo recoge el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al primer trimestre de 2024, recogido por el CGPJ y consultados por este periódico.

Además, las cuatro jurisdicciones -civil, penal, contencioso-administrativa y social- ya acarreaban al inicio del año 157.572 procedimientos anteriores, que se han acumulado a los registrados hasta marzo de este año, cuando se han cerrado un total de 84.359 asuntos, quedando en trámite para el siguiente periodo 160.479 casos. Estas cifras arrojan suponen una tasa de resolución del 0,97; de pendencia –o, lo que es lo mismo, el cociente entre los asuntos pendientes al final de un período y el número de asuntos resueltos en ese tiempo– del 1,90 y de congestión del 2,90.