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Málaga/Muchos de los pueblos de la provincia cuentan con diversos diseminados cuyo origen, en algunas ocasiones, fue incluso anterior al núcleo urbano. De hecho, algunos de ellos conservan incluso su capilla. Estos hábitat rurales se crearon en torno a una explotación agraria, a un recurso hídrico, minero o ganadero. Con el paso del tiempo llegó prácticamente a desaparecer quedando las casas en el más absoluto abandono. En otros, con el boom de las viviendas en el campo, se generaron nuevas, pero con el hándicap de que forman parte de las llamadas irregulares o ilegales al estar levantadas en suelo rural.
Este primer argumento, que vinculan a la despoblación que están sufriendo la mayoría de los municipios de interior, es el que está planteando la Asociación Salvemos Nuestras Casas-Axarquía SOHA), a la Junta de Andalucía para conseguir que ese suelo sea clasificado como urbano. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ya tiene el anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que sustituirá a la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía (LOUA). SOHA ha hecho aportaciones para que puedan ser tenidas en cuenta con el fin de que los propietarios con viviendas en el no urbanizable puedan salvar su situación.
“Si se penalizan estos núcleos históricos, los condenamos a la desaparición. El no urbanizable no permite obras de consolidación, ampliaciones o cambios de uso. El resultado son ruinas que actúan con efecto dominó contagiando a la construcción de al lado”, explicó el portavoz de SOHA, Mario Blancke, quien aboga por la rehabilitación de estas viviendas para luchar contra la despoblación.
Así proponen como solución a la Consejería de Ordenación del Territorio, la desafectación del hábitat rural diseminado que se encuentre o no junto a vías pecuarias. “La Junta dio un primer paso en buena dirección con la desafectación de la protección de la realenga cuando pasa por un núcleo con clasificación de suelo urbano pero ese paso es insuficiente”, opinó Blancke en relación a estos otros núcleos cuyo origen estaban relacionados con la actividad agrícola. “La nueva Ley debería extenderlo al Hábitat Rural Diseminado si no queremos perder parte de nuestra historia y nuestra cultura. Se debe de levantar la condena de estos hábitats cambiando la clasificación a urbanizable. ¿O es que los vecinos que viven en ellos son de segunda?”, se preguntó.
Los miembros de SOHA están convencidos de que esta media podría contribuir también a frenar la despoblación del interior. “La Junta de manera acertada, reconoce la importancia de la rehabilitación de las viviendas en los pueblos del interior para evitar la caída del censo de la población. Por eso, insistimos en permitir los cambios de uso en los diseminados. Muchas construcciones han dejado de prestar el uso originario por abandono de la actividad pero muchas de ellas podrían, sin necesidad de ampliación, rehabilitarse en viviendas para nuestros jóvenes”, reiteró Blancke.
“El anteproyecto reconoce que asentamientos rurales diseminados tuvieron su origen en un modo de vida rural. Igual que hay zonas de especial protección que pierden su condición de protección porque ha desaparecido el motivo de la protección, por la misma razón, y siempre pensando en rehabilitación de vivienda y cambio de uso, se debería estudiar la conveniencia de clasificar los hábitos rurales como urbano directo siempre que cumplen con determinadas condiciones”, razonó.
El discurso de este colectivo choca frontalmente con el de los ecologistas del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena –Ecologistas en Acción) que defienden el mantenimiento y conservación de los núcleos urbanos. Creen en “la ciudad compacta” con todos los servicios que puede necesitar un vecino, y en el campo como espacio natural ligado a la actividad agrícola o ganadera.
“Ese planteamiento se salta a la torera la concepción de urbanismo, esto es, de la planificación de usos. Si una persona decide vivir en el campo, no tiene sentido que quiera hacerlo con los mismos servicios que en una ciudad”, expuso Rafael Yus, portavoz de Gena. “Coincidimos en que existe un proceso de despoblación por la litoralización de la economía pero la solución es que se rehabiliten las viviendas de esos núcleos urbanos, no de diseminados cuyas casas se encuentran desperdigadas”, puntualizó.
Mario Blancke también señaló que la nueva Ley propone obligar a las viviendas irregulares a solicitar la Declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (Dafo). Sin embargo, la falta de un procedimiento unificado propuesto por la consejería de Ordenación deja a la discreción de cada ayuntamiento establecer el procedimiento y las tasas administrativas de dicha declaración. “Esta arbitrariedad de criterios llevará indefectiblemente a retrasos y gastos administrativos, que perjudicarán a los afectados”, comentó Blancke quien puso como ejemplo de buen hacer el Ayuntamiento de La Viñuela que no impone ninguna tasa para aquellos que ya si abonaron las de licencia de obras y ocupación. Sin embargo, según aseguró, hay otros ayuntamientos que llegan a cobrar hasta un 10 por ciento del coste de la vivienda.
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