Los dueños de casas ilegales serán indemnizados antes del derribo si actuaron de buena fe

El Partido Popular de Málaga aseguró ayer, a través de un comunicado de prensa, que se ha acordado la introducción y aprobación en el Pleno del Senado de una enmienda transaccional, gracias a la cual los propietarios de viviendas contra las que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal sean indemnizados antes de que se produzca el derribo de sus casas.

Se trata de un acuerdo que, según indicaron los populares, "compensa a los propietarios de viviendas irregulares, considerados de buena fe, que terminan siendo perjudicados por la falta de control de las administraciones competentes o por el cambio de normas urbanísticas que dejan esas construcciones en situación irregular", casos que convierten a la provincia de Málaga en una de las más afectadas por este problema. Con esta iniciativa, "el PP ha cumplido con una justa y vieja reivindicación de las familias afectadas", consideraron desde la organización.

La enmienda transaccional del PP aprobada ayer en el Senado durante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 108, que dice textualmente: "El juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe".

En este sentido, desde el Grupo Popular en la Cámara Alta subrayaron que "gracias a esta enmienda ahora se dará una prestación de garantías suficientes para responder al pago de las indemnizaciones a esos terceros de buena fe". Asimismo, los populares indicaron que la enmienda transaccional introducida supone unas mejoras importantes para resolver una situación injusta que conllevaba un problema económico y moral para los afectados.

Por último, asociaciones de familias afectadas por los derribos de diferentes puntos de la geografía española que asistieron ayer al debate mostraron su agradecimiento ante la iniciativa, al entender que con ella se "hace justicia a una situación que arrastraban desde hace muchos años".