Un ex edil de Estepona admite su implicación en Astapa y llega a un acuerdo con el fiscal

El que fuera primer teniente de alcalde de Estepona José Ignacio Crespo de Lucas, del Partido Estepona (PES), ha admitido su implicación en el caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga), y ha llegado a un acuerdo con el fiscal.

El juicio se celebra desde el pasado marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga y está dividido en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, para agilizar el macroproceso.

El fiscal mantiene en su escrito acusatorio provisional que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El exconcejal ha admitido en una carta algunos de los hechos por los que está procesado y ha presentado a través de su abogado un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años de prisión y ocho años y nueve meses de inhabilitación.

Este acuerdo tiene que ser ratificado por las partes en la vista oral y supone una rebaja de las penas tras el reconocimiento de los hechos por parte del procesado, que fue líder del PES. El ministerio público mantiene que los hechos son constitutivos de tres delitos continuados de falsedad en documento oficial, cohecho y prevaricación, según el escrito presentado en sala y al que ha tenido acceso Efe.

Al no tener antecedentes penales y debido al tiempo que estuvo en prisión preventiva, el fiscal ha anunciado que informará a favor de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la posible responsabilidad personal subsidiaria.

En el escrito que el exedil presentó al fiscal, al que ha tenido acceso EFE, el acusado reconoce su responsabilidad en cuanto a la acusación formulada contra él por el fiscal e indica que fue conocedor en todo momento de la existencia de lo que la Fiscalía ha dado en denominar como caja B y que él siempre lo concibió como "aportaciones voluntarias".

El procesado explica que en esa caja B había ingresos extraordinarios procedentes de promotores, inmobiliarias, proveedores municipales, fondos que se utilizaban para el pago de nóminas y nutrir las partidas para gastos corrientes del Ayuntamiento.

También se utilizaron para financiar conciertos, eventos culturales, patrocinios y aportaciones a asociaciones o entidades deportivas y sociales del pueblo. "He participado y respaldado la existencia de esas aportaciones voluntarias, por lo que, soy corresponsable en lo que estas prácticas tengan de ilicitud e ilegalidad, por más que todos sepamos que se trataba de una práctica en absoluto insólita en aquella época, por no decir más que habitual en un gran número de municipios de España, por no decir en su totalidad", se indica en el escrito.

Pide perdón, "por todos los errores cometidos, los que he relatado y los que he olvidado por el tiempo transcurrido", "que seguro, serán muchos", ha precisado el exedil, al tiempo que ha dicho que si volviera a estar en su mano, "no volvería a hacerlos".

"Aunque también es cierto que encierra alguna injusticia enjuiciar unos hechos acaecidos hace veinte años a la luz de la conciencia actual, que entonces no existía", señala en el escrito, donde destaca que ese modus operandi "era, entonces, moneda corriente en la práctica totalidad de la administración española, sin que ello pretenda ser un alegato exculpatorio".