El embargo de casas se dobla y las demandas laborales suben un 56%

La crisis económica vista desde la perspectiva de las familias se traduce en despidos laborales conflictivos, cantidades impagadas y embargos de las viviendas por no poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la incidencia de la crisis en los juzgados entre los meses de enero y septiembre del año pasado desvela que las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 115%, las reclamaciones de cantidades impagadas a los trabajadores un 26% y los procedimientos por despido se incrementaron un 56% a lo largo de todo el ejercicio.

De acuerdo con los datos recabados en los tres primeros trimestres del año pasado por el Consejo General del Poder Judicial, en Málaga se contabilizaron 1.615 embargos de viviendas por impago de la hipoteca, frente a los 751 del mismo periodo del ejercicio anterior. Además, se detectó una evolución progresiva trimestre a trimestre de los procedimientos, revelador del deterioro de las economías domésticas. Así, entre enero y marzo los juzgados registraron 571 causas, que pasaron a ser 655 en el segundo trimestre y se elevaron hasta 702 en el tercero.

Estas cifras colocan a la provincia de Málaga en el sexto puesto nacional en ejecuciones hipotecarias, detrás de Murcia (1.692), Valencia (2.708), Alicante (3.511), Madrid (3.357) y Barcelona (4,369).

Sin embargo, si el dato se analiza desde la perspectiva de la población la provincia escala hasta el tercer puesto, ya que se produce un embargo por cada 810 habitantes, proporción que únicamente superan Alicante y Tarragona con una ejecución de hipoteca por cada 538 empadronados.

Al tiempo, el año pasado se contabilizaron 3.058 procedimientos judiciales por despido que representan un aumento del 56% respecto a 2007, según la información dada a conocer esta semana por los jueces de la jurisdicción social que han reclamado al menos seis juzgados más a los 12 que actualmente funcionan y al que se creará a lo largo de este año.

El tercer aspecto que refleja el impacto de la crisis económica en la economía de las familias malagueñas son las reclamaciones judiciales que los trabajadores han planteado a sus empresas por impago. En este apartado el informe del Consejo General del Poder Judicial registró entre los meses de enero y septiembre del año pasado 4.720 causas en los juzgados de lo social que suponen un incremento del 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior cuando se contabilizaron 3.726 procedimientos.

En este apartado Málaga se aúpa hasta el cuarto puesto de la clasificación nacional, puesto que sólo la superan Madrid (18.335 reclamaciones de cantidades por impago), Barcelona (11.890) y Valencia (6.752).

El último elemento a tener en cuenta para medir la dimensión de la coyuntura económica en la microeconomía son los procedimientos concursales. El año pasado se presentaron un centenar de concursos de acreedores volumen que condujo al único juzgado de lo mercantil que entiende estos asuntos al colapso. Y tan solo en el mes de enero de este año el titular de este órgano, el magistrado Enrique Sanjuán, ya había contabilizado 31.