Interior ya tiene adjudicada una empresa para destruir plantaciones de marihuana en Málaga y Granada

No hay mes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no informen de que han puesto coto a una plantación de marihuana en la provincia de Málaga. En viviendas, chalés o casas de campo, el goteo es constante. En el caso de las pequeñas plantaciones, son los propios agentes los que se ocupan de desmantelarlas. Ahora bien ¿cuál es el destino de las más grandes? El Ministerio del Interior ya ha adjudicado una empresa especializada en trabajos forestales que se encargue de destruir la droga que intervengan la Guardia Civil y la Policía Nacional en Málaga y Granada.

Amas provincias encabezan las incautaciones de cannabis sativa en el sur de España. El desmantelamiento de las plantaciones ilegales de marihuana es una obligación legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro de su misión de recoger los efectos del delito y ponerlos bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente. Y de ahí que Interior convocara un concurso para un contrato de servicios. De esta forma, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha adjudicado dos lotes a la empresa Pedro Luis Ramírez Cueva por valor de 130.416 euros para ocuparse de la destrucción de esta droga incautada. El plazo de los contratos, que empiezan a contar desde febrero de este 2024, es de dos años.

El departamento que dirige Grande-Marlaska sacó a licitación el pasado mes de diciembre el contrato para seleccionar a compañías con capacidad para ejecutar este tipo de actuaciones, dada la falta de preparación y medios técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo estas tareas y el crecimiento exponencial constatado en los últimos años.

El tratamiento para llevar a cabo este servicio estará determinado en cada caso por la autoridad judicial. Si bien, de forma ordinaria, incluye, previamente el arrancado de las plantas, el apoyo en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción previamente; el propio arrancado, que puede presentar más o menos dificultades dependiendo de la situación de la plantación; el triturado o comparación en el caso de que se haya determinado su conservación durante un tiempo determinado; en el mismo supuesto de conservación, ensacado o introducción en cajas de las plantas intervenidas; el traslado al ligar que se determine, y cualquier otra actuación similar relacionada con el desmantelamiento de la plantación y que determine el juez.

Interior exigía que las empresas adjudicatarias contarán con la capacidad técnica y los permisos necesarios para realizar la actividad, acorde con la legislación vigente, debiendo permitir la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desarrollo de los servicios contratados. En todos los casos tendrán que seguir las instrucciones que les pudieran indicar en relación con los trabajos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

La compañía seleccionada dispone de los elementos suficientes de arrancado, máquinas de trituración, así como aportar sacos, plásticos y cajas de cartón -para llevar a cabo el correcto envasado-, medios de transporte, equipos de protección y seguridad necesarios conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

En la memoria elaborada por el Ministerio del Interior, que justifica la contratación se servicios para el desmantelamiento de grandes plantaciones de esta droga, la Secretaria de Estado de Seguridad advierte de que el adjudicatario ha de tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio, que incluirá de forma específica la no difusión de información a terceras personas. Así, todos los trabajadores de la empresa -tanto personal técnico como auxiliar- no deberán detallar datos tales como fechas y horas de la realización del servicio, as como cualquier otra información que pueda ser relevante.