Una enfermera en Málaga: “Mi hijo es como un gran quemado, pero el hospital me niega el permiso para cuidarlo”

“Mi hijo es como un gran quemado por fuera y por dentro. Tiene más de 60 heridas por el cuerpo que hay que curar todos los días. Sin embargo, el hospital me ha anulado la reducción de jornada para cuidarlo”. Adrián tiene 21 años y padece la enfermedad conocida como piel de mariposa (epidermólisis bullosa distrófica generalizada). Su madre, Virginia Cortés, es enfermera en el Hospital Costa del Sol. “Por mi profesión conozco muchas enfermedades y ésta no se la deseo a nadie”, dice.

Las curas pueden llegar a prolongarse de cuatro a seis horas diarias. Incluso más. Adrián tiene reconocido un 95% de discapacidad por el Centro de Valoración y es un gran dependiente (gradoIII). La patología no sólo le causa heridas externas sino también en la boca, las córneas y hasta el intestino. Además, para comer necesita una bomba de alimentación.

Tras la anulación de su reducción de jornada, con el respaldo del Sindicato de Enfermería (Satse), Virginia interpuso un contencioso administrativo para luchar por su derecho, pero fundamentalmente por el de su hijo. El juicio está fijado para el próximo 1 de abril. Satse ha denunciado su situación. El sindicato asegura que existen más casos en los que el hospital ha anulado reducciones de jornada a trabajadoras con hijos con cáncer y otras patologías graves. “Hay una denegación sistemática”, según el sindicato. 

El centro sanitario reconoce una docena de trabajadores “con diferentes situaciones”. El hospital se ampara en la evaluación de la Inspección de Servicios de la Delegación de Salud y defiende que “a todos se les han ofrecido las condiciones acordes a sus situaciones actuales”, según lo estipulado por el decreto Decreto 154/2017. Sobre el caso concreto de Virginia, no hace comentarios al tratarse de un “tema privado del profesional”. 

El problema surgió tras la integración del personal del hospital –que pertenecía a la Agencia Sanitaria Costa del Sol– en el Servicio Andaluz de Salud. Aquello fue el 1 de enero de 2024. Antes, los empleados se regían por el Estatuto de los Trabajadores y era el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que se hacía cargo de las retribuciones de los trabajadores con reducción de jornada por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave. A partir de esa fecha, cambiaron al Estatuto Marco del Personal Estatutario, conforme al citado decreto. “El INSS deja de hacerse cargo de las retribuciones de esos trabajadores y es el Hospital Costa del Sol el que tiene que asumir el pago”, explica Satse. Y es cuando surge el conflicto. 

Virginia tenía una reducción remunerada del 99%. El sindicato denuncia que se le anuló el permiso pese a un informe de la Unidad de Dermatología del propio hospital marbellí que sostiene que el paciente tiene “una extrema vulnerabilidad y fragilidad por lo que precisa cuidados directos, continuos y permanentes las 24 horas del día y los 365 días del año”. 

No lo entendió así la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta al señalar que “no queda acreditada la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por el progenitor”. El hospital esgrime que al igual que cualquier centro del SAS, “acoge la solución ofrecida por la Inspección de la Delegación provincial [de Salud] que es el órgano competente para analizar y ofrecer estas soluciones”.

Además de interponer un pleito contencioso, Virginia acudió al Defensor del Pueblo. A fin de conciliar la obligación de incorporarse a su puesto con la de necesidad de ciudar de su hijo, solicitó una reducción de jornada no remunerada al 50%, “con la consiguiente merma económica”.  

Además, desde entonces ella y su marido tienen que hacer un tetrix de turnos, contar con una persona que ayude en casa, recurrir a la madre de Virginia que a sus 83 años echa una mano y hasta a los hermanos mellizos de Adrián, de 14, que deben colaborar con los cuidados. El secretario provincial de Satse, Juan José Sánchez, argumenta que la anulación de estos permisos no sólo vulnera el derecho de las trabajadoras, sino, más importante, el de los niños a la protección de su salud. 

Virginia relata que a lo “durísima” que es la enfermedad, se le suma la dificultad para conciliar su vida laboral y familiar por la decisión del hospital de quitarle el permiso. Incluso denuncia la “incongruencia” de que el centro de salud le ponga una enfermera las tardes de jornadas hábiles para ayudarle con las curas y la Inspección Médica no estime su caso. Sus declaraciones terminan casi entre sollozos. Cuenta que se enteró del problema que tenía su hijo el mismo día que nació. Los primeros daños en su piel los sufrió tras el parto, cuando la sanitaria se lo llevó para lavarlo. Y recuerda:“El día que debía ser el más feliz de mi vida, se nubló. No podía ni acariciarlo”.