Más de 5.000 enfermeros y fisioterapeutas de Málaga urgen a su correcta clasificación profesional

Málaga/Los afectados son más de 5.000 enfermeros y en torno a 150 fisioterapeutas de la sanidad pública de la provincia de Málaga. Reivindican una correcta clasificación profesional porque están como A2 y entienden que pertenecen al grupo A a secas, sin subgrupos. Recuerdan que tras el Tratado de Bolonia, se extinguieron los planes de estudio de licenciatura y diplomatura, de modo que ya todos estos profesionales tienen el título de grado. Es decir, que deben ser clasificados como A, puesto que los subgrupos respondían a la anterior titulación.

El Sindicato de Enfermería (Satse) volvió este jueves a denunciar que el encasillamiento en el subgrupo A2 les impide el acceso a puestos de dirección, gestión, investigación y docencia. Para el sindicato, que lleva varios meses impulsando una campaña a nivel nacional para la eliminación de los subgrupos, se trata de una "grave discriminación" y "una situación injusta y anacrónica de desigualdad".

El problema tiene su raíz en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que en su artículo 76 establece los subgrupos A1 y A2. Esta clasificación respondía a las antiguas titulaciones que desaparecieron con el Tratado de Bolonia. Ahora, tanto los fisioterapeutas como los enfermeros obtienen el título de grado. Por ello, el sindicato lleva varios meses clamando por la modificación de ese artículo para que se adapte a ese acuerdo y se elimine la división vigente.

“La actual clasificación profesional ha quedado obsoleta y trasnochada ante los cambios experimentados por el sistema educativo de nuestro país y el desarrollo competencial de profesionales, como son las enfermeras o fisioterapeutas", defendió el sindicato a través de un comunicado.

El conflicto es con la Administración central, que es la que tiene competencias para cambiar el EBEP. No pueden modificarlo las autonomías. De hecho, la Comunitat Valenciana, que fusionó los dos subgrupos en un único grupo A, se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad.

Satse ha reclamado a la consejera de Salud, Catalina García, y al de Justicia, José Antonio Nieto, que realicen "las actuaciones e iniciativas oportunas" para acabar con esta discriminación. No obstante, esta Administración no tiene la potestad de modificar el EBEP, que es el origen del conflicto.

El sindicato ya inició una campaña antes de la pandemia para conseguir su reivindicación a nivel nacional. Pero la crisis del Covid obligó a aparcarla. Satse la retomó el otoño pasado, con la distribución de unos 300.000 dípticos y carteles entre profesionales, pacientes y ciudadanos. El tema es bastante desconocido. Desde el sindicato se explica que a enfermeros y fisioterapeutas, la correcta clasificación le supondría una leve mejora económica. Pero el objetivo de su lucha es el fin de la "discriminación" que sufren ambos colectivos y que frena su posibilidad de trabajar en puestos de dirección de alto nivel, como gerencias de áreas o centros sanitarios, o a grupos de investigación y docencia.

Por ello, en cartas remitidas a ambos consejeros, SATSE expone los argumentos que justifican la "urgente necesidad" de que el Gobierno central modifique el artículo 76 del EBEP, para suprimir la división entre subgrupos A1 y A2, estableciendo un solo grupo, el A.

"Consideramos que no es ajustado a derecho que títulos oficiales universitarios de grado, que cuentan con un plan de estudios de 240 créditos, se adscriban automáticamente al subgrupo A1 o A2, obviando los criterios de clasificación a tal fin impuestos por el artículo 76 del EBEP solo por el mero hecho de que, antiguamente, las titulaciones concretas fuesen antes una diplomatura o una licenciatura”, fundamentó Satse en su comunicado.

El sindicato criticó la "falta de voluntad política de asumir el reto que exige implantar la nueva clasificación de la función pública, ajustada a la evolución que ha experimentado el sistema educativo, al proceso de reordenación de los títulos universitarios y al desarrollo competencial experimentado por algunas profesiones, como Enfermería y Fisioterapia, está perpetuando una situación sin el preceptivo sustento legal en miles de empleados públicos".

Dado que la profesión enfermera está formada por mujeres en casi un 90 por ciento, Satse consideró que "se está ahondando la brecha existente de éstas respecto a colectivos mayoritariamente masculinos, al dificultar su desarrollo profesional y el acceso a los puestos de gestión, dirección y liderazgo sanitario e investigador en base a unos requisitos administrativos históricos y no competenciales".