La ex pareja de Lucía Garrido entra en prisión 10 años después del caso Edoa

Málaga/Manuel Alonso, la ex pareja de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta con signos de violencia en la piscina de su casa en Alhaurín de la Torre en 2008, entró en prisión a comienzos de febrero para cumplir la pena de tres años a la que fue condenado por su relación con la operación contra el narcotráfico en la que se detuvo al jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) en Málaga.

Han transcurrido ya diez años desde que el 20 de diciembre de 2010, Alonso, que quedó absuelto por el asesinato de la víctima, cuyo juicio está previsto que vuelva a celebrarse, fuera arrestado en un operativo junto a un teniente del Instituto Armado, que entonces ejercía de jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encargado de la investigación del crimen de Lucía Garrido, aún sin resolver.

La orden de ingreso en la cárcel fue acordada en septiembre de 2019 por el juzgado, pero desde entonces la defensa elevó varios recursos –al Tribunal Supremo y al Constitucional, que no lo admitió– para intentar retrasarlo. Según fuentes próximas al caso, Manuel Alonso permanece en prisión desde el pasado día 1 de febrero. De los 1.095 días que recoge la sentencia condenatoria, ya cumplió 212, el tiempo que permaneció en prisión provisional tras proceder la Policía a su detención, por lo que aún le quedan 883 entre rejas.

Desde hace unos dos años, el condenado trabajaba en un negocio relacionado con la pitaya, la fruta tropical originaria de Centroamérica. Será una vez que lleve seis meses de cumplimiento efectivo de pena cuando se revise su situación penitenciaria, siguiendo de esta forma el procedimiento. Para entonces, habría asumido ya la mitad de la condena, momento en el que la defensa podría solicitar el tercer grado.

Respecto al ex jefe antidroga de la Guardia Civil al que también condenaron en 2016, también en prisión, fue uno de los que en octubre de 2019 se benefició de la reducción de las penas por parte del Tribunal Supremo. La causa estaba relacionada con cuatro operaciones de tráfico de hachís que habían sido desarrolladas en la costa malagueña y en Melilla en 2010.

Así, la Audiencia malagueña condenó a este acusado a diez años y medio de prisión por dos delitos contra la salud pública y otro de falsedad en documento oficial, pero el Supremo dejó su pena en tres años y nueve meses de cárcel al considerar que su actuación era subsumible en un único delito de tráfico de droga.

Durante el juicio, el teniente jefe de la unidad Antidroga de la Guardia Civil amparó el tráfico de drogas en el ejercicio de sus funciones y lo hizo al “objeto de obtener un éxito en su carrera”. El que fuera jefe del denominado Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Málaga, según se desprende de la sentencia, tenía “un patrón de conducta” con el que favorecía la participación activa en actividades delictivas de narcotráfico de los que eran considerados sus informantes.

El Tribunal no consideró que permitiera este tipo de acciones en su beneficio sino para obtener “un éxito en su carrera”, “méritos policiales”. En esta causa contra el narcotráfico fueron condenados 27 de los 35 acusados, con penas que sumaron 102 años de cárcel y 53,4 millones de euros en multas.