Matrimonios de conveniencia: la explotación que acaba en extorsión

Nunca se habían visto, pero tenían fecha en los juzgados para casarse. Ni siquiera la operación de urgencias a la que ella, de nacionalidad rumana, tuvo que someterse por un ataque de apendicitis podía abortar el plan. La red criminal se encargó de sacarla del hospital con un escaso margen de dos horas. La escena, grabada por la Policía, que ya tenía abierta una investigación, refleja cómo una mujer aún convaleciente y con el batín y las zapatillas puestas era trasladada con el propósito de contraer matrimonio con un hombre nigeriano que pretendía regularizar su situación en España. La frialdad de ambos resultaba manifiesta.

En ningún momento llegaron a acercarse, pese a que iban a unirse. La mujer, que no había recibido el alta médica, volvió a ingresar en el hospital tras sellar con un garabato un amor ficticio por el que es frecuente llegar a pagar hasta 4.000 euros,a cambio de obtener la residencia o la nacionalidad española.

En el caso de la víctima recién operada estaba siendo, además, explotada sexualmente en un polígono de Málaga. Los agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional vigilaban de cerca a los integrantes de la banda criminal, dedicada a la trata de seres humanos, a la que lograron desarticular. En palabras del inspector Antonio de Haro, jefe del grupo, todos los implicados fueron detenidos y, el matrimonio que había sido pactado, anulado. “Son organizaciones multidelincuenciales. Usaban a mujeres rumanas para legalizar a hombres y así obtener una fuente de ingresos. Las explotan sexualmente o bien las obligan a realizar delitos contra los clientes”, explica.

El mando policial subraya lo habitual de que estos casos deriven en extorsiones. Los contrayentes obtienen por entre 3.000 y 4.000 euros la tarjeta de residencia, que tienen que renovarla unos años después. A ese pago se suma el de otros 1.000 anuales con el compran su silencio para que los extorsionadores no informen a la Subdelegación del Gobierno de que se han divorciado. “Mantienen el vínculo y siguen cobrando. No se puede considerar una estafa real porque no hay un contrato como tal. Las víctimas son extorsionadas durante unos años hasta que terminan denunciando”, afirma el jefe de la Ucrif.

Los investigadores también han detectado coacciones a una de las partes -normalmente a la mujer- que se ha prestado al matrimonio. Y tanto es así que llegan a dudar de si las chicas forman parte o no de la organización. Con frecuencia son obligadas a la comisión de delitos y al ejercicio de la mendicidad. “Siguen siendo víctimas, aunque de forma secundaria son imputadas o debieran serlo. Investigamos si el consentimiento ha sido por el estado de vulnerabilidad económico”, detalla el mando policial. En muchos casos, entre los contrayentes se genera “un vínculo ficticio”. El hombre le exige a la mujer “trabajar para él”, a cambio de no devolverla a su país. “Eso genera coacciones a las que ella accede. Le sirve para seguir manteniendo a su familia. Las nigerianas suelen contraer una gran deuda. Hay países todavía muy subdesarrollados, zonas de Europa en las que se convive como en el siglo XIX”, se lamenta el inspector De Haro.

Una vez que los contrayentes firman el matrimonio, el otro escollo que deben superar es demostrar que tienen solvencia económica para mantener a su pareja, como exige la ley. “Lo normal es que no puedan hacerlo por su delicada situación. Recurren a contratos irregulares de trabajo, utilizan pasaportes, certificados de nacimiento y de soltería que son falsos”, destaca el inspector. Incluso llegan a incurrir en delitos de bigamia.

Tanto la Policía como las autoridades judiciales han extremado las precauciones con los matrimonios sospechosos. La jueza del Registro Civil, María Dolores Moreno, sostiene que, pese al descenso registrado en Málaga respecto a hace unos años, el “fraude existe porque facilita muchísimo la regularización de un inmigrante su acceso a un permiso de residencia y nacionalidad. Es una realidad contra la que hay que luchar, pero es casi inevitable”, se lamenta la magistrada, que reconoce que “cualquiera que haya entrado ilegalmente en el país, a través del matrimonio puede regularizar su situación”. Así, los extranjeros reducen a un año el plazo de espera para legalizar su estatus migratorio, frente a la década que necesitarían si se basaran en la residencia legal.

El año pasado, de un total de 2.377 acuerdos matrimoniales 19 fueron negativos y casi una treintena en 2016. Hasta el pasado mes de septiembre se denegó la autorización de cuatro bodas. Los supuestos cónyuges tienen que superar una rigurosa entrevista ante el juez, que debe cerciorarse de la verdadera intención del matrimonio. La audiencia reservada que programa el juzgado responsable del Registro Civil incorpora una serie de preguntas que van más allá del nombre de los suegros a fin de detectar contradicciones en sus relatos.

El responsable de la Ucrif recuerda que casarse por dinero nunca ha sido delito, en el que se incurre según el uso que se le dé al enlace. La transacción económica es la clave del matrimonio fraudulento. “Si una persona se casa por cariño, la otra arregla sus papeles y a los dos o tres días lo dejan no existe delito porque el contrayente lo hace con buena voluntad y después se da cuenta de que lo han engañado. Eso está a la orden del día. Hay muchos casos”, apostilla el inspector, que ha observado un descenso de las “parejas fraudulentas” en el último lustro. “Cada vez nos cuesta más trabajo encontrarlas”, apostilla. Se trata de investigaciones “muy delicadas” en las que hay que discernir “hasta dónde llega el conocimiento y el vínculo, aunque sea ficticio”. Y para dar verosimilitud a su relación, los supuestos cónyuges llegan incluso a pasar unos días juntos. Tampoco faltan las celebraciones.

La Policía Nacional desarrolla una labor de investigación, que culmina con la detención de los implicados, y otra preventiva con la colaboración de otras instituciones. “Hay casos que se detectan y otros que se evitan. A veces ocurre que no podemos obtener suficientes indicios en el ámbito penal pero sí en el administrativo. Aportamos la tarjeta de residencia a la oficina de extranjeros, que puede extinguirla si no cumple los requisitos. Es otra forma de actuar para que las organizaciones vean que somos capaces de evitar el final”, detalla el inspector.