La familia de Lucía Garrido espera un "juicio limpio", a pesar de que "muchas pruebas han desaparecido"

15 años y medio después de que el cuerpo sin vida de Lucía Garrido apareciera flotando en la piscina de la finca en la que residía -ubicada en Alhaurín De la Torre-, con golpes y un corte en la yugular, se juzgará este jueves, por segunda vez tras uno primero declarado nulo con los cuatro acusados absueltos. Ignacio Carrasco, portavoz de la familia de la víctima mortal, espera que este nuevo pleito que sea "limpio, correcto y que haya justicia", a pesar de que denuncia que "muchas pruebas fundamentales para determinar la culpabilidad del autor han desaparecido".

El también exsecretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), minutos antes del inicio de la conformación de nuevo jurado popular, ha destacado que esta cuestión "es muy grave" y, sin embargo, "no ha habido ni una sola responsabilidad para estos individuos (refiriéndose a guardias civiles de la Comandancia de Málaga".

Carrasco también ha recordado que, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 18 de febrero de 2022, en el juicio que tuvo lugar en septiembre de 2019 no se alcanzó ninguna de las mayorías legales para declarar los hechos probados o no probados, lo que provocó, en expresión coloquial, un "jurado colgado", y unas absoluciones indebidas. "Esto en el entorno de nuestro país es muy grave", ha destacado.

Asimismo, el portavoz de la familia ha pedido "la participación de los representantes políticos para establecer una comisión de investigación sin excepción" que, a su juicio, "deberá identificar las causas que han llevado al fallo de todos los mecanismos de la administración en este turbio asunto".

Desde hace más de un año, Carrasco asegurado que se han enviado alrededor del medio centenar de correos electrónicos para solicitar la apertura de una comisión de investigación a diputados de Interior, Igualdad y Justicia. "Lamentablemente ninguno de ellos ha respondido hasta la fecha a pesar de la gravedad de los hechos", ha manifestado el exsecretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

En septiembre de 2019, el anterior tribunal popular declaró a la expareja de la Lucía, al presunto autor material de su asesinato y a dos agentes del Instituto Armado no culpables, al no dar fiabilidad a la declaración grabada del testigo protegido y dudas sobre el ADN hallado en una llave.

Tras esto, el alto tribunal andaluz acordó repetir el juicio contra el presunto autor material y la expareja de la víctima, al detectar un defecto grave de forma, ya que en dos puntos del objeto del veredicto, el jurado no alcanzó las mayorías legales para declararlo probados o no probados. El Supremo ratificó posteriormente esta decisión de repetición de la vista oral.

Tras abrirse juicio oral esta vez solo contra estos dos acusados, la Fiscalía modificó el pasado año su escrito de acusación de 2018, acusando ahora solo a estos dos procesados, en concreto a la expareja en calidad de cooperador necesario y al otro, como supuesto autor directo de la muerte.

La mujer fue encontrada en 2008 en la piscina de la vivienda en la que residía con su hija y en la que había vivido hasta dos años antes la expareja; un recinto que estaba vallado y tenía jaulas e instalaciones "idóneas para los negocios que desempeñaba el acusado, relacionados con la cría de animales de compañía y custodia de animales exóticos", señala el nuevo escrito del fiscal.

Según este documento, "bajo ese tinglado se solapaban actuaciones ilícitas que también eran organizadas o dirigidas por el acusado", tales como "el tráfico de ilícito de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones de delincuentes", asuntos que no se analizarán en este caso.

Además, señala esta acusación, el hombre "maltrató a Lucía durante la relación personal" -hechos que tampoco se juzgan porque los posibles delitos habían prescrito cuando se procedió contra él, años después de la muerte de la mujer-. Al separarse, el hombre siguió con derecho de acceso y uso de las instalaciones que no fueran la vivienda familiar.

Para la Fiscalía, la mujer "se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas e ilícitas" de su expareja, que no confiaba en ella y "como temía que le denunciara, intentó desalojarla de la vivienda para ocuparla él con su nueva pareja", oferta que la víctima rechazó, además de fracasar las acciones judiciales.