La familia de la niña transexual anuncia una querella contra el obispo por calumnias

Fueron declaraciones realizadas por el obispo de Málaga tras un desayuno con periodistas el pasado 24 de enero. Hasta ese momento no se había pronunciado sobre el caso de la menor transexual que estudiaba en el colegio San Patricio, dependiente del Obispado, pero cuando lo hizo aseguró que tanto los padres como la Junta estaban forzando a un tratamiento "que puede perjudicar al menor" y agregó que "el colegio, la Fundación y el Obispado han tratado al niño con más exquisitez y cariño que la Junta de Andalucía y los padres". También tachó la actitud de la madre de "abuso" y reiteró que se estaba influyendo "negativamente" en la niña. Estas palabras del prelado son el motivo del inicio de los trámites tendentes a la interposición de una querella por calumnias e injurias graves con publicidad que tenía previsto presentar esta mañana la familia de la pequeña.

Según explicó ayer el abogado Oliver Roales, no están buscando indemnización sino que piden "una retractación pública". "Con sus declaraciones parece que la madre tiene interés de que a su hija se la trate de cierta forma para perjudicarla", comentó Roales. "Y si no quiso decir eso, si se le malinterpretó, lo único que queremos es que lo rectifique públicamente, porque de otra forma está tratando a la madre como si fuese un monstruo, nada más contrario a la realidad", agregó el abogado.

Según el texto del trámite procesal al que ha tenido acceso este periódico, se pide al obispo que reconozca que declaró en referencia directa a la menor transexual que desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, dependiente del Obispado, "defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre", que "hay informes de psicólogos que insisten que no se debe intervenir o dirigir la sexualidad de la menor" y que "forzada por la madre, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor".

Estas declaraciones tuvieron difusión pública a través de distintos medios de comunicación por lo que en el texto se le pide a Jesús Catalá que "reconozca expresamente que es incierto que mi representada haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña, o que la haya sometido a tratamiento dañino de cualquier tipo, no la respete en su identidad sexual o haya realizado conducta alguna de manipulación sobre su sexualidad". Además, se exige al obispo que "reconozca que, en general, las manifestaciones y valoraciones transcritas, atentan contra el honor de mi patrocinada, en cuanto ofensivas a su dignidad, imagen pública y buen nombre como madre de la menor".

Por ello, se solicita en el citado texto que se retracte de dichas afirmaciones "manifestando expresamente que no se atienen a la realidad, a fin de restablecer el buen nombre, la dignidad, la imagen y el honor de mi patrocinada".

Roales explicó que las calumnias, es decir, las imputaciones falsas y a sabiendas de delito, en este caso harían supuestamente referencia al artículo 226 del Código Penal, "que se refiere al padre que deja de cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a su patria potestad". Igualmente, según el abogado, las declaraciones podrían imputar a la madre el delito recogido en el artículo 173. "El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años", recoge el artículo del Código Penal. "Además siendo su hija aún sería más grave lo que le imputa".

"Cualquier persona que leyera las informaciones publicadas si entiende de leyes le recordaría estos dos delitos, que los padres no están cumpliendo con sus obligaciones y, además, que someten a su hijo porque la madre lo quiere volver niña a la fuerza, ejerciendo un trato inhumano, degradante, ejerciendo violencia psíquica...", dijo el abogado de la familia. "Me parece que es muy grave y que menoscaba la dignidad de la progenitora", agregó.

También señaló el letrado que representa a la familia de Gabi que éste es el primer "paso lógico para defender el honor de la familia" y subrayó que "no se puede permitir que digan afirmaciones tan graves de una madre, cosa que es delito, no se puede permitir ni aceptar", concluyó Roales, que insistió en que "nuestro interés es restablecer el honor de la familia y, por el momento, nos conformamos con una retractación pública, no pediremos más indemnización".