El fiscal pide que citen como investigado al dueño de la finca donde estaba el pozo en el que cayó Julen

La Fiscalía malagueña ya ha comenzado a mover ficha en la investigación por la muerte del pequeño Julen, que fue rescatado sin vida 13 días después de que se precipitara por un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán. El representante del Ministerio Público ha solicitado que el dueño de la finca en la que se produjo la fatal caída sea citado en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente.

Una vez que ha sido estudiada toda la documentación, atestados e informes, el fiscal estima que "ya se pueden hacer varias hipótesis de los momentos previos de la fatal caída del pequeño y, por tanto, procede depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes", según han informado fuentes judiciales. El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que fue a finales de enero fue preguntado por los periodistas sobre si el caso podría investigarse como homicidio imprudente, ya explicó a que "todos estamos pensando que no puede ser otra cosa, presuntamente".

La Fiscalía ha pedido ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que tome declaración como investigado al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, por lo que ya se le puede admitir su personación en la causa como investigado. En una rueda de prensa, el propietario del terreno afirmó que "nunca pensé que por ahí cabría un niño". Según su versión, el día en el que se produjo la caída de Julen advirtió a sus invitados "del peligro que había". "Veía que alguien podía meter un pie y partírselo, pero jamás pensé que por ahí cabría un niño. Nunca me lo voy a perdonar”, argumentó. Y de ahí, aseguró, que colocara dos bloques de hormigón para protegerlo. Su relato recoge que el día en que ocurrieron los hechos él se estaba ocupando del fuego cuando el pequeño cayó al orificio, de 21 centímetros de diámetro. “Estaba jugando y escuché voces aterradoras. Me acerqué. El niño se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido”, relató Serrano.

También tendrá que declarar el empresario que efectuó el pozo, Antonio Sánchez, pero en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, cuatro guardias civiles y los senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a los padres del niño, entre otros. En declaraciones a Antena 3, el pocero insistió la semana pasada en que él "hizo bien las cosas" y que el propietario de los terrenos puede "decir misa", en relación con las acusaciones que vertió en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que compró la parcela hace cuatro meses con la intención de cultivar aguacates y mangos, además de llevar unos caballos. “Para eso necesitaba agua y contraté los servicios de Antonio, un especialista en perforaciones y búsqueda de agua. Al mes vino con su camión al campo, me hizo un boquete de más de 100 metros dejándomelo abierto, tal cual. Quería plantar aguacates...Maldita la hora”, apostilló.

En palabras del equipo jurídico del dueño de la finca, dado el “importante reto burocrático” que suponía la gestión de la licencia, éste se “encomendó al pocero, con 40 años de experiencia”. Un hombre “muy conocido”, que en palabras del abogado “incurre una y otra vez en inconsistencias legales y técnicas e incompatibles con la verdad”. “Uno de los requisitos para la tramitación de la licencia del pozo es la documentación que solo podía proporcionar el pocero y que no llegó a entregarle jamás al propietario”, aseveró uno de los letrados.

El Ministerio Público justifica su petición para que comparezcan doce personas en las diligencias de investigación aportadas por la Guardia Civil, entre las que se encuentra la pareja del dueño de la finca, que es prima del padre de Julen. También solicita que declare el operario que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo, un trabajo posterior a la perforación del orificio en el que cayó el pequeño.

Los progenitores del menor se han personado en el procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga para aclarar los hechos. Fuentes próximas a la familia ya indicaron a Efe que "son los primeros que quieren que se llegue al fondo de los hechos", por lo que se han puesto en manos de un representante legal, que tiene despacho en Málaga capital, para que vele por sus intereses.