El fiscal pide mil millones en multas a los 14 acusados en el caso Hidalgo

El caso Hidalgo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que le acabó costando la carrera profesional al ya ex juez Francisco Urquía y puso en el ojo del huracán las prácticas profesionales del despacho de abogados Cruz-Conde y la actividad del dueño de los complejos Puente Romano y Marbella Club, conducirá finalmente al banquillo de los acusados a 14 personas. La Fiscalía Anticorrupción pide para los imputados 170 años de cárcel y multas hasta ahora desconocidas: cerca de 1.000 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública y lavado de capitales.

El Ministerio Público afirma en el escrito de acusación provisional que el despacho creaba "estructuras societarias" dirigidas a "ocultar" a los verdaderos dueños de los bienes y el origen de los fondos que se invertían. La dinámica que se aplicaba, a grandes rasgos, consistía en crear una sociedad española participada mayoritariamente por una entidad holandesa que, a su vez, era constituida por una o varias sociedades con sede en las Antillas. El objetivo último de estas tramas societarias era evitar el pago de impuestos a las arcas públicas.

La Fiscalía sostiene que los abogados eran conscientes del fin que perseguían sus clientes, "lo cual no impidió que se prestaran a colaborar" unas veces en la constitución de sociedades "usadas a modo de tapadera" para ocultar que el dinero procedía de delitos fiscales y otras en "la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos".

El escrito provisional de acusación alude a ocho empresarios. Entre ellos ocupa un lugar prominente el dueño de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, David Shamoon, empresario de origen iraquí fallecido en julio de este año y contra el que, por tanto, no se formula acusación penal. El Ministerio Público mantiene, siguiendo el criterio de la Agencia Tributaria, que el empresario era residente fiscal en España, porque aquí estaban parte de sus negocios, desde aquí dirigía sus intereses en varios países, residía gran parte del año y, en cualquier caso, no llegó a tributar en el Reino Unido, el segundo país al que estaba vinculado.

De acuerdo con su versión, el hotel Marbella Club, realizó en 2003 un reparto de beneficios y a una sociedad holandesa detrás de la que estaba Shamoon le correspondieron 8,1 millones de euros. En 2004 las cuentas de un trust de las Antillas holandesas del que era beneficiario Shamoon recibió otros 8,7 millones procedentes de otra distribución de beneficios.

En 2004 ese mismo trust de las Antillas acabó siendo el receptor de 1,2 millones de euros procedentes de las reservas de la sociedad gestora del hotel Puente Romano. Siempre según la versión del fiscal, el fin era en los dos casos no pagar impuestos en España.

Otra de las fórmulas aplicadas para aligerar la carga tributaria fue hacer pasar por préstamos participativos lo que para el Ministerio Público no eran más que meras aportaciones de capital procedente del extranjero para abordar inversiones inmobiliarias. De esa manera lograban que las ganancias tributaran como intereses y por tanto muy por debajo de lo que le corresponderían si hubieran sido declaradas como plusvalías. Sólo por este último concepto se ahorraron 2,2 millones en impuestos a Hacienda, según la Fiscalía.

El escrito de acusación también alude a cómo se evitó el pago de otros 20 millones de euros a Hacienda haciendo pasar dos empresas promotoras por sociedades patrimoniales (sometidas a diferente régimen fiscal) y atribuye también a los abogados del despacho la responsabilidad en fraudes tributarios supuestamente cometidos en la declaración del IRPF de David Shamoon en cuatro ejercicios. Alude, entre otras cuestiones, al incremento patrimonial que experimentó tras la venta del hotel y el casino Torrequebrada.

El bufete de Marbella, dirigido entonces por el abogado ya fallecido Rafael Cruz-Conde, también se ocupó entre otros clientes del francés Sophiane Hambli, un traficante de drogas condenado en Málaga en el caso Ballena Blanca por blanqueo de capitales.

La Fiscalía afirma en el escrito de acusación que letrados del despacho acusados en Hidalgo gestionaron para este hombre la compra de una vivienda en Marbella, valorada en 1,2 millones de euros. Como comprador no aparecía Hambli, sino una sociedad española a su vez participada por otra de Gibraltar. En la operación se utilizó dinero negro, según el fiscal. Parte de los fondos lo había entregado, por encargo del cliente, el despacho implicado en el caso Ballena Blanca, aunque la mayor parte se había hecho llegar a través de ingresos en efectivo en varias cuentas bancarias.