"El fiscal pensó que esto era otro Malaya, pero se ha equivocado"

El ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba afronta el juicio por el caso Arcos "con la conciencia tranquila". La Fiscalía Anticorrupción solicita para ex regidor 226 años de prisión por más 60 delitos en esta presunta trama de corrupción urbanística en el interior de la Axarquía, pero se muestra convencido de que "si es verdad que hay justicia" se demostrará que no es culpable. Martín Alba tiene claro que se ha querido establecer una comparación inexistente con lo que fue Malaya: "Simplemente que él [el fiscal] pensó que esto era otro Malaya, pero se ha equivocado totalmente, esto es un procedimiento de los muchos pueblos de la comarca en los que se han hecho viviendas, está todo sembrado. En Alcaucín, pues empezaron por el abecedario, y ahí se han quedado", explicó a su salida de la Ciudad de la Justicia, una vez finalizada la primera de las 64 sesiones previstas en esta causa que se extenderá hasta septiembre de 2017.

El ex alcalde habló de "trato desigual" en el delito más grave del que se le acusa, el de falsedad; "yo nunca he hecho un informe, porque yo no tengo estudios para eso, no lo he hecho nunca. Eso lo hacía el secretario y yo le daba el visto bueno; y yo simplemente lo que hacía era decir que el secretario era el que era y que estaba en el ejercicio de sus funciones". "Y el fiscal me dice que al secretario le pone un delito de imprudencia porque no sabía lo que firmaba y que yo sí era consciente de lo que estaba firmando, una barbaridad como un templo", sentenció.

El abogado de Martín Alba insistió en este punto, durante su exposición ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en que la máxima intervención de Martín Alba habría consistido en dar el visto bueno a documentos redactados por el secretario. Su defensa considera además que al menos 54 delitos de los que se le acusa habrían prescrito y que sobre otros 11 no ha podido pronunciarse aún. Se le acusa de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. El letrado insistió igualmente en que se ha quebrantado el secreto de las comunicaciones, con una prórroga de escuchas que no estaba motivada.

La mayor parte de las defensas plantearon ayer también sus cuestiones previas: La prescripción de delitos, la acusación sorpresiva sobre hechos que no se trataron ante la Guardia Civil, la vulneración del derecho de defensa, la nulidad de registros o la nulidad total de las actuaciones fueron algunos de los planteamientos.

La causa, con 48 personas procesadas, continúa hoy con el planteamiento de las cuestiones previas del resto de las defensas. La Fiscalía Anticorrupción considera que en Alcaucín se urdió una trama de corrupción urbanística entre los años 1995 y 2010 para construir viviendas en suelo no urbanizable, saltándose para ello las normas vigentes, falsificando documentos y blanqueando el dinero resultante.