La Fiscalía pide tres años y diez meses de cárcel para el ex director económico de Promálaga por exigir una presunta 'mordida'

El que fuera director económico financiero y de recursos humanos de la empresa municipal Promálaga, Francisco Muñoz, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y diez meses de prisión por, presuntamente, pedir en 2016 una mordida a un empresario que había mantenido relaciones comerciales previas con esta entidad. De esta manera, el Ministerio Público acusa al exdirectivo de un delito de falsedad en documento mercantil y otro de cohecho.

Los hechos, según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, se remontan a 2016, cuando Francisco Muñoz se reunió en un pub situado en el Centro de la capital malagueña con el directivo de una consultoría con la que Promálaga -que pertenecía al Ayuntamiento y tenía por objeto la promoción empresarial, la creación de empleo y riqueza, además del bienestar de la ciudad- ya había mantenido relaciones comerciales con carácter previo.

En este encuentro, el procesado, que entre sus cometidos tenía el de hacer informes de necesidad de los contratos relaciones con las competencias derivadas de su cargo, afirmó que gracias a su intervención y actuación la empresa había conseguido en el pasado contratos con Promálaga. De esta manera, "le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido con el último contrato", que habría consistido en la contratación de una empleada para el Servicio de Gestión Documental. Según el relato del Ministerio Público, además, le ofreció la posibilidad de seguir prestando sus servicios en el futuro "en el caso de que atendiera sus exigencias". Y es que, en aquel momento, el contrato de gestión estaba a la espera de ser renovado y le había informado de la oportunidad de participar en un nuevo proyecto.

"Con el objetivo de dar apariencia de legalidad a la solicitud realizada", el escrito de acusación explica que el acusado, junto con su esposa -procuradora y también procesada en la causa-, confeccionó una factura de un supuesto trabajo de consultoría -"sin correspondencia alguna con la realidad"-, por el que le solicitaban el pago de 1.223,42 euros. La factura fue remitida al directivo de la empresa el 12 de diciembre de 2016 a través del correo electrónico de la acusada. En marzo de 2017, el alto cargo denunció a Muñoz.

De acuerdo con la calificación fiscal, adelantada por elDiario.es, los hechos narrados son constitutivo de un delito de falsedad documental mercantil, por el que se solicita para el principal acusado la pena de diez meses de prisión, y otro de cohecho, pidiendo para este la pena de tres años de cárcel; mientras que, su esposa solo será juzgada por el primer delito. Está previsto que el juicio se celebre ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga los días 1 y 2 de julio de 2025, ocho años y medio después de la denuncia que dio origen al caso, que data de marzo de 2017.

La pesquisas judiciales se remontan, al parecer, al año 2017, si bien el despido de Muñoz se produjo dos años después, según informó en su momento el Ayuntamiento por medio de un comunicado oficial. En el escrito se precisa que el despido fue comunicado a los consejeros de Promálaga en el marco del consejo de administración. Al tiempo, se añadía: "ni el Ayuntamiento ni Promálaga, sociedad 100% municipal, pueden dar por ahora más información sobre este asunto, ya que hay una investigación judicial en curso".

El PSOE pide que el alcalde informe de la "supuesta confección de facturas falsas"

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que informe a la ciudadanía sobre la gestión de dinero público y todos los contratos de la empresa municipal Promálaga. El líder socialista ha reaccionado de esta manera a la supuesta "trama de mordidas" en el seno de la empresa municipal.

"El PP en el Ayuntamiento nunca nos ha dado un solo papel" sobre la información demandada en el seno del Consejo de Administración. Se trata de una de las empresas más opacas del holding municipal, que mantiene el mismo modus operandi que hemos visto en Smassa, con otro gerente cesado por su mala gestión", ha manifestado.

"En este momento no sabemos en qué punto se encuentra la investigación del caso, pero pedimos a De la Torre que el Ayuntamiento se persone como acusación particular si es que el alcalde no tiene nada que temer. Esto es muy grave, estamos hablando de dinero público que se ha llevado un alto cargo puesto a dedo por el PP y al que se le dio indemnización con cerca de 180.000 euros". En el momento en que se inició la investigación, "tras la denuncia de un empresario que no cedió al chantaje, la entidad Promálaga manejaba un presupuesto cercano a los 12 millones de euros", aseguran desde el PSOE.

Ayuntamiento y Promálaga dicen que dieron todos los pasos "en tiempo y forma"

Entrentato, el Ayuntamiento y Promálaga han asegurado que han defendido los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y han dado "todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma" en el procedimiento judicial contra un ex alto cargo de dicha sociedad por supuestamente pedir dinero a cambio de contratos y presunta falsedad de facturas.

Así lo han asegurado desde el Consistorio en un comunicado, en el que han subrayado que el proceso judicial "se inició a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2017 por el entonces vicepresidente de Promálaga, el concejal Mario Cortés, y el gerente de Promálaga, Francisco Salas".  

Además, han recordado que "el despido disciplinario del exdirector económico-financiero, por quebranto de la buena fe y abuso de confianza, se produjo en septiembre de 2019, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional e iniciado un procedimiento penal contra el trabajador por varios presuntos delitos". Al respecto, han señalado que "no es hasta entonces cuando la empresa puede solicitar personarse como acusación particular y, en consecuencia, obtiene información sobre las actuaciones en curso".