Los funcionarios de Justicia vuelven a salir a las calles de Málaga este miércoles tras continuar con su huelga

Tras reunirse en asamblea este miércoles, los funcionarios de la administración de Justicia han decidido continuar con su huelga indefinida que mantienen desde el pasado 22 de mayo, cuyo fin es exigir mejoras salariales y laborales, y han vuelto a salir a las calles de la capital malagueña para manifestarse al grito de: "¡Llop, Llop, Llop, ministra dimisión!".

Además, los sindicatos convocantes de los paros han anunciado intensificar las medidas de presión que se vienen haciendo desde el 17 de abril contra el Gobierno, que "sigue negándose a negociar", como por ejemplo la convocatoria de actos reivindicativos para hacer visible el conflicto con el fin de que "se impulse la inmediata recuperación de la negociación", han informado desde CSIF.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha emplazado a los sindicatos convocantes de la huelga de los funcionarios de la administración de Justicia a "continuar" negociando "una vez que se constituyan las nuevas Cortes Generales". Tras recordar que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa ha quedado "paralizada" al disolverse el Parlamento por la convocatoria electoral del 23 de julio, ha resaltado el "ánimo de negociar que siempre ha demostrado el Ministerio de Justicia", por lo que se ha mostrado "seguro" de que se alcanzará un acuerdo.

¿Cuáles son sus reivindicaciones?

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT reclaman una mejora retributiva global de 200 millones de euros -lo que se traduce en una subida salarial que va desde los 350 hasta los 430 euros mensuales por funcionario- tras la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que supondría un incremento de unos 450 euros al mes.

Según CSIF, exigen "una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros" mensuales. "Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen", indican.