Casi 60.000 funcionarios y sus familiares en Málaga afectados por la incertidumbre de la cobertura de Muface

CSIF y el Colegio de Médicos aseguran que la sanidad pública "colapsaría" si tiene que asumir a esos usuarios

Marea Blanca convoca una manifestación el domingo 17 en Málaga por el "deterioro" de la sanidad pública

Protesta este lunes ante la Subdelegación del Gobierno por mejoras laborales para funcionarios y la continuidad de Muface.
Protesta este lunes ante la Subdelegación del Gobierno por mejoras laborales para funcionarios y la continuidad de Muface. / M. H.

La renuncia de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV a presentarse al concierto para prestar asistencia sanitaria a Muface -la mutualidad de funcionarios- dejó desierta esa licitación. Aunque el Gobierno tiene previsto mejorar las condiciones y sacar otra nueva, los usuarios ya han comenzado a recibir la comunicación de sus compañías de que la cobertura acaba el próximo 31 de enero (El concierto concluye a fin de año, aunque se prorroga un mes en ciertos casos y hasta el 30 de septiembre en otros). Esta incertidumbre afecta a casi 60.000 personas. Además de la lógica preocupación de estos usuarios, están los efectos que provocaría sobre el sistema público tener que asumirlos. Tanto desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) como desde el Colegio de Médicos de Málaga (COMMálaga) se advierte que con su incorporación "la sanidad pública colapsaría".

Según los datos facilitados por la entidad colegial, en Málaga hay 59.233 beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). "Están absolutamente desconcertados y preocupados. Es la primera vez que ocurre algo así en la historia de Muface. Si la sanidad pública tuviera que asumirlos, supondría su colapso", estimó el vocal de sanidad privada de COMMálaga, Carlos Bueno Guezala. La misma opinión tiene el presidente provincial de CSIF, Francisco Javier Domínguez: "La situación es complicada; si no se soluciona y tuvieran que acudir al sistema público, sería el colapso de una sanidad que ya está saturada". Y añadió: "Sería inasumible para la sanidad pública". Domínguez arremetió contra la "falta de responsabilidad y previsión" del Gobierno central que tiene unos plazos muy apretados para la nueva licitación.

Bueno apuntó que si no se resuelve la continuidad del servicio de Muface, habría muchos perjudicados. En primer lugar, miles de funcionarios "porque la asistencia hospitalaria privada es de muy alta calidad y tiene menos listas de espera que la pública". Estos en un 80% se decantan por la sanidad privada cuando cada año les toca renovar su elección entre ésta y la pública. En segundo término, la sanidad privada porque mermaría su volumen de negocio. Y por último, el sistema público porque tener que asumir a esos usuarios le resultaría "más caro y se colapsaría". Según sus datos, al Estado un paciente con cobertura privada le cuesta 1.013 euros anuales y sin embargo en la pública el monto se eleva a 1.736. Bueno calculó que, de pasar a la sanidad pública el 1,5 millón de funcionarios de Muface en toda España, causarían un incremento de las listas de espera del 266% en consultas y del 115% de intervenciones. Por eso reiteró: "Es inasumible para la sanidad pública".

El pasado 8 de octubre, el Gobierno sacó a licitación pública el nuevo concierto de las tres mutualidades -Muface, Mugeju (Justicia) e Isfas (Ejército)- con una subida en la prima del 17,12% en dos años. La primera quedó desierta porque Adeslas, Asisa y DKV reunciaron a presentarse . "La última propuesta es insuficiente", opinó el representante de CSIF en Málaga que aseguró que los afiliados "no paran de llamar y hacer preguntas porque están muy preocupados por esta situación de incertidumbre". Precisamente, este lunes, el sindicato se ha manifestado frente a la Subdelegación del Gobierno en esta ciudad para exigir a la Administración central la continuidad de la asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a Muface, un nuevo acuerdo salarial con los empleados públicos y "el cumplimiento de los pactos firmados". Según Domíguez, hay "temor" entre estos usuarios por lo que ocurra más allá del 31 de diciembre con sus consultas y tratamientos. Por su parte, Bueno aclaró que aunque el concierto caduca a fin de año, se prolonga hasta el 31 de enero. En el caso de pacientes con tratamientos quirúrgicos y oncológicos se extiende hasta el 30 de septiembre.

El Consejo de Ministros autorizó en octubre la licitación del concierto para 2025 y 2026. La contratación ascendía a 1.337 millones para el primer año y 1.345 para el segundo. Suponía un incremento de 304 millones respecto al anterior acuerdo. Pero según las aseguradoras, ya en 2023 han tenido 142 millones de pérdidas y en este ejercicio podrían llegar a superar los 200. "Cada vez la población está más envejecida y hay más pacientes crónicos, lo que encarece la asistencia", reflexionó el vocal de sanidad privada del Colegio de Médicos de Málaga.

El Gobierno ya ha anunciado que tiene previsto lanzar una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface después de que las aseguradoras hayan decidido no acudir a la oferta actual. "Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", ha indicado el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en un comunicado que recoge la agencia Europa Press. El Gobierno ha asegurado que todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos "previstos en la Ley de Contratos del sector público", según ha detallado el Ministerio.

Pero el representante de COMMálaga reprocha que el Gobierno central no precise en qué artículos basa esas manifestaciones, que no dé información a los usuarios y que haya tenido tan "poca formalidad" puesto que falta poco más de un mes para que finalice el concierto y aún esa cobertura está en el aire.

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