El equipo de gobierno planta a la comisión de investigación de Limasa y no acude a la sesión
Comisión Investigación Limasa
El gerente de la empresa reconoce una investigación por parte de Hacienda por las facturas emitidas en concepto de asistencia técnica y da por hecho una prórroga del contrato actual.
El PP ha plantado este viernes a la comisión de investigación de Limasa: ningún miembro del equipo de gobierno local -cuenta con cinco concejales como representantes en la misma- ha acudido a la sesión prevista este viernes, presidida por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá. Según ha justificado el grupo popular, su ausencia se debe a la imposibilidad de cambiar el horario de los distintos actos a los que debían acudir, tras un cambio de convocatoria de la comisión realizado ayer a última hora. Cassá ha calificado esta ausencia como "una falta de respeto muy grave", ya que el equipo de gobierno es el responsable político de la empresa mixta de limpieza.
Alegando los mismos motivos, tampoco ha comparecido Bernardo Pinazo, quien fuera exconcejal de Medio Ambiente en el Consistorio en 2003. Pinazo había aceptado su compareciencia pero no ha acudido a la cita.
El gerente de Limasa, Rafael Arjona, sí ha comparecido por segunda vez desde que se formara esta comisión de investigación -la primera fue en febrero-, ya que se le ha requerido para aclarar cuestiones relacionadas con los supuestos enchufes así como la investigación que Hacienda ha abierto por las facturas -de cuatro millones- que Limasa emite a los privados por el cobro del canon de asistencia técnica.
Si bien no hay resolución, Arjona ha reconocido que desde el pasado mes de mayo se han realizado unas ocho reuniones con Hacienda, en las cuales se les requirió numerosa información sobre distintas cuestiones económicas de la empresa. El gerente de Limasa también ha dado por hecho una prórroga del actual contrato, ya que "es imposible que dé tiempo a hacer nada antes de que el 17 de abril de 2017 venza el contrato de Limasa III". Asimismo, ha considerado que la nueva empresa debería ponerse en marcha al inicio de un ejercicio económico completo, esto es, el 1 de enero de 2018.
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