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José Antonio Carrizosa
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato por un importe de 24,68 millones de euros (IVA incluido) para la conservación y explotación de 122,76 kilómetros de carreteras de titularidad estatal en la provincia de Málaga. Esta actuación tiene como finalidad garantizar que estas infraestructuras mantengan unas condiciones óptimas de circulación, seguridad y accesibilidad, facilitando un uso adecuado y seguro para todos los ciudadanos.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por dos años adicionales y una extensión extraordinaria de hasta nueve meses. Se enmarca dentro de la política de conservación de la Red de Carreteras del Estado y responde a la necesidad de mantener en buen estado una red estratégica para la movilidad y el desarrollo económico de la provincia.
Las actuaciones previstas afectarán principalmente a la autovía A-7, entre los kilómetros 983,7 (Málaga) y 1.087,3 (Manilva, límite provincial con Cádiz), un tramo que discurre por importantes núcleos urbanos y turísticos como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona o Casares. También se incluyen tramos de las carreteras MA-20, entre Torremolinos y Málaga (km 0 al 12,6), MA-22 (km 0 al 4,4) y MA-23 (km 0 al 1,5), todas ellas situadas en el entorno metropolitano de la capital. Además, se contempla la rehabilitación del firme de la A-7 entre los kilómetros 1.060,4 y 1.087,3, en el término municipal de Estepona.
El modelo de conservación que se aplicará es de tipo mixto, combinando servicios y obra, con el objetivo de ofrecer un servicio integral de movilidad, mejorar el estado de las infraestructuras y optimizar los recursos públicos. Este tipo de contratos incluye tareas como la asistencia a la vialidad, el mantenimiento de los elementos funcionales de la carretera, estudios de seguridad y actuaciones de conservación ordinaria, siempre bajo estándares de calidad.
En paralelo, esta licitación se alinea con la estrategia del Ministerio para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética. Así, los contratos de conservación y explotación (COEX) incorporan objetivos específicos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Las empresas adjudicatarias deberán calcular el impacto ambiental de sus actividades y comprometerse a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización.
Según datos de la Dirección General de Carreteras, el funcionamiento y mantenimiento ordinario de la Red de Carreteras del Estado genera anualmente unas 71.640 toneladas de CO₂. Con estas medidas, el Ministerio busca avanzar hacia una movilidad más sostenible y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los vinculados a infraestructuras sostenibles (ODS 9), transporte accesible y seguro (ODS 11), crecimiento económico y empleo (ODS 8), y eficiencia energética (ODS 7).
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