Un hombre en silla de ruedas para el tráfico en Vialia en Málaga como protesta: "Que la gente aparque en su sitio"

No es la primera vez que César Giménez, un hombre con una discapacidad del 96% que se desplaza en silla de ruedas, alza la voz para trasladar su rabia por lo que, considera, una injusticia. Pero, en esta ocasión, ha llegado más lejos. El hombre decidió ayer parar durante unos minutos el tráfico como señal de protesta en calle Héroe de Sostoa, junto al acceso a la Estación María Zambrano, pese al riesgo al que se veía sometido. Se negaba a retirarse hasta que llegara la Policía, porque, advertía, está cansado de no poder circular por la acera de la Explanada de la Estación. Se lo impiden, aseguraba, numerosas “motos aparcadas ilegalmente”. “Esta mañana eran unas 14. Quiero poder pasar por la calle, que la gente aparque en su sitio”, explicaba después, con dificultad, a este periódico.

Era la 1 de la tarde. Su actuación generó, además de cierto revuelo en la zona, un atasco visible hasta la rotonda del Centro Comercial Larios. “Se paró en mitad de la carretera y ahí se quedó como protesta. Los coches le pasaban por detrás, pero él decía que no se iba a mover; incluso una ambulancia se detuvo para intentarlo”, relataba Ana García, una de las testigos, que grabó la escena.

Llamaron a la Policía Local. Una vez allí, también los agentes se afanaron en convencer al hombre para que depusiera su actitud, máxime teniendo cuenta el peligro que corría al estar detenido con su silla de ruedas en mitad de la calzada. A sólo unos metros le acompañaba Francisco Baltanás, su asistente personal, que reconocía la “tensa situación” sobrevenida. “Los peatones se mostraban comprensivos cuando conocían los motivos de la huelga”, sostiene. "Paso con el carro y tengo que dar siempre toda la vuelta", empatizaba otra vecina. Más indignados parecían estar, por contra, los conductores que a esa hora se veían obligados a sortear al hombre para evitar atropellarlo.

Su indignación era que pese a que en la zona hay un parking limitado para motocicletas por dos señales verticales, hay conductores que hacen caso omiso y dejan su vehículo en zonas donde no está permitido. “Nos encontramos con numerosas motos aparcadas de forma ilegal”, argumentaba.

"Los afectados tienen que pasar por el carril bici”

Sobre esa acera, subrayaba el trabajador, hay diseñadas unas baldosas podotáctiles para que todas las personas puedan hacer uso pleno del espacio urbano y, por ende, se facilite también el paso de sillas de rueda o a colectivos con discapacidad visual. “Con las motocicletas quedan todos estos cuadrados rojos tapados. Los afectados tienen que pasar por el carril bici”, aseveraba.

César y su ayudante hacen el mismo recorrido todos los días. No es la primera vez que opta por detener el tráfico para denunciar, señalaba, las barreras arquitectónicas que encuentra a su paso. Y tampoco, amenazaba, será la última. “Los que no tienen discapacidad no ven la falta de accesibilidad”, apostillaba César. Y a renglón seguido, advertía que su precisaría “asistencia personal las 24 horas”. “Tiene una ayuda de la Junta, insuficiente, y un asistente de la asociación Málaga Mayores. Paso con él 30 horas a la semana, pero él necesita ayuda para casi todo, desde ir a orinar hasta ducharse”, detallaba su cuidador.

El éxito de una denuncia en redes sociales

Hace un par de años, Cesar Giménez ya consiguió, tras difundir su caso este periódico, la colocación de una rampa para el acceso a un edificio público, la Inspección de Trabajo. El hombre había denunciado entonces a través de las redes sociales que, lo que para cualquier persona es un escalón que puede superar con facilidad levantando una pierna, para alguien con discapacidad constituye una barrera aquitectónica.

“No tengo que hacer ningún trámite en la Inspección, pero paso por allí y decidí denunciarlo, actuar; como cuando un ciudadano ve que le están robando a una persona e interviene”, argumentaba en declaraciones a 'Málaga Hoy'. También puso un escrito de queja el pasado 30 de marzo ante la Inspección de Trabajo por la inexistencia de una rampa.

Entonces, al afectado le llamaba la atención que después de tantos años de sensibilización contra las barreras arquitectónicas y muchos textos normativos para eliminarlas aún siguieran existiendo, y que en ese caso dos administraciones se culparan recíprocamente. La Subdelegación del Gobierno, de quien depende la Inspección de Trabajo, responsabilizaba a la Gerencia de Urbanismo y ésta, que debía dar la licencia, a la Administración central.

Debido a las características del edificio, la rampa tenía que ir por fuera y requería de una declaración de imposibilidad física, que debía dar el Ayuntamiento. Una declaración que venía a ser la certificación de que existe un obstáculo insalvable en un inmueble concreto que impide cumplir la normativa de accesibilidad, que sería el plan A, y da la luz verde para acometer un plan B, la rampa exterior.